¿Qué ha pasado con el proyectado Código Penal puesto ayer en la correa por la que salen las leyes en el Congreso Nacional? Un obstáculo inesperado le impidió el tránsito sin interrupciones y ahora se encuentra de regreso en un punto en el que ha pasado gran parte de las últimas dos décadas: en el limbo de las leyes.
El origen más antiguo del Código Penal vigente se encuentra en la Francia de la revolución. En el último quinto del siglo XIX, sin embargo, fue traducido y puesto a tono con la tradición jurídica y cultural dominicana (fue localizado) y desde entonces ha sido cargado de remiendos, al punto que hoy día hay que sentarse cargado de paciencia, ante las páginas que lo contienen y las leyes que lo modifican, para encontrarle coherencia.
Desde luego, si los abogados pueden entenderse con un código hecho de retazos, la sociedad paga por ello un alto precio.
Es oportuno referir ahora, para una mejor valoración del ágora bizantina abierta con las posiciones extremas, que un código penal es el instrumento más apropiado para tratar las anomalías en la sociedad. No es, como consecuencia, sólo un instrumento para especialistas del derecho penal.
Que el pueblo dominicano esté viviendo el siglo XXI con un instrumento jurídica de los siglos XVIII y XIX habla muy mal del sentido de la responsabilidad de sus líderes.
Los legisladores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, tienen la oportunidad de volver a estudiarlo, pero ello sólo será posible en una nueva legislatura, si hemos entendido bien el artículo 116 de los reglamentos por los que guían sus trabajos.
Y empezar de nuevo implica conquistar voluntades, escuchar de nuevo las objeciones de grupos, entendidos y activistas, darle coherencia y volver a discutir con los mismos niveles de conciencia.
¡Qué pena!
