El líder de la transición del nuevo Gobierno de Colombia reitera que Petro «debe ser juzgado»

Bogotá.- El líder del equipo de transición del próximo Gobierno colombiano, Carlos Alonso Lucio, reiteró este domingo que el mandatario saliente, Gustavo Petro, «debe ser juzgado» y anticipó que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunciará las presuntas irregularidades que encuentre durante la revisión de la información entregada por el Ejecutivo saliente.

Lucio sostuvo en una entrevista con la revista Cambio que el mandatario electo ha sido «absolutamente claro» en que Petro «debe ser juzgado» y argumentó que «el cambio de época que estamos viviendo tiene que tener un límite con la impunidad».

Agregó que, a su juicio, existen denuncias contra el presidente saliente que siguen su curso en la institucionalidad colombiana, entre ellas una presentada por él mismo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por el caso de los llamados pozos de Caquetá, relacionado con la actuación del Gobierno durante el secuestro de decenas de policías por disidencias de las FARC en 2023.

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El excongresista aseguró que el propósito del denominado «empalme anticorrupción» no es perseguir políticamente al Gobierno saliente, sino cumplir con la obligación legal de reportar los hallazgos que puedan constituir delitos.

«Cuando un funcionario público se encuentra un hecho delictivo, está obligado a denunciarlo», afirmó al defender que el equipo de transición pondrá en conocimiento de las autoridades cualquier posible irregularidad que detecte en las entidades del Estado.

Lucio militó en el movimiento guerrillero M-19, al igual que Petro, antes de la desmovilización de ese grupo en 1990, y protagonizó posteriormente un giro ideológico que lo llevó a convertirse en una de las figuras más visibles del conservadurismo cristiano y en uno de los principales aliados políticos de De la Espriella.

En la entrevista también defendió la estrategia del equipo de transición, conocido como el «Arca de Noé», al señalar que comenzó a prepararse siete meses antes de las elecciones ante la posibilidad de que no hubiera coordinación con el Gobierno saliente debido a la «lejanía» y la «hostilidad» política entre ambos sectores.

Asimismo, respaldó la posibilidad de promover cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que calificó de «monstruo presupuestal», «monstruo burocrático» y «monstruo de ineficiencia», y aseguró que el presidente electo dispondrá desde el 7 de agosto de centenares de proyectos normativos y decretos preparados para el inicio de su Gobierno.