El laberinto de la Ley 169-14: cómo la burocracia estatal sepulta derecho a la identidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana

Más de 12 años después de que la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional redefiniera de forma retroactiva el acceso a la nacionalidad dominicana, miles de personas de ascendencia haitiana nacidas en el país continúan sumidas en un limbo civil que desgasta sus vidas en el anonimato.

La Ley 169-14, diseñada originalmente como un "traje a la medida" tras un consenso político para mitigar el impacto de aquella sentencia, pretendía resolver la situación dividiendo a la población en dos categorías. Sin embargo, la puesta en marcha de este mecanismo se ha convertido en un laberinto burocrático inconcluso.

En la Categoría A, que abarcaba a quienes ya contaban con registros oficiales del Estado dominicano, las auditorías iniciales estimaban un universo que llegó a proyectarse en unas 61,000 personas.

No obstante, aunque la Junta Central Electoral (JCE) reporta la entrega efectiva de documentos a unas 27,000 personas, la misma institución reconoce que más de 34,000 individuos se quedaron esperando una solución.

Beneco Enecia, coordinador de la Plataforma Dominicanos por Derecho, advierte con severidad sobre este estancamiento al señalar que la situación de la población dominicana de ascendencia extranjera es cada día un poco más compleja, ya que las estadísticas indican que hay más de 90,000 personas aún pendientes de una solución de nacionalidad, lo que demuestra que el argumento oficial de que el problema estaba resuelto no es real.

Para colmo, quienes logran sortear el proceso de la Categoría A, a menudo ven sus actas de nacimiento originales sustituidas por "actas de transcripción".

Este estatus, según denuncia el abogado de los afectados Manuel Dandré, deja las actas permanentes anuladas, lo que provoca que la persona quede fuera del sistema civil regular de la República Dominicana y arrastre forzosamente a sus hijos a la misma condición.

El escenario es todavía más desalentador para la Categoría B, destinada a aquellos nacidos en territorio dominicano que nunca fueron declarados y a quienes se les forzó a registrarse en un Libro de Extranjería para luego, teóricamente, optar por la naturalización por la vía del Poder Ejecutivo en un plazo de dos años.

El jurista Olivo Rodríguez Huertas recuerda que esta vía resultó en un terrible fracaso debido a los choques de sectores ultranacionalistas con sectores de derechos humanos que boicotearon el registro, logrando que ni la meta inicial de inscripciones se alcanzara con éxito.

Las cifras reales muestran que apenas 8,755 personas completaron dicho registro y, hoy en día, solo 799 han sido incluidas de manera efectiva en decretos oficiales para avanzar en su ciclo de regularización, dejando a unas 8,000 personas despojadas de toda alternativa legal.

Rodríguez Huertas reflexiona con autocrítica sobre este limbo, afirmando que el Estado dominicano ha sido irresponsable como nación al no buscar una salida a un problema originado mayoritariamente por más de cien años de desorden en el control migratorio.

Asimismo, advierte que algún día habrá que buscar una salida digna y privilegiada para quienes nacieron en este territorio, salvo que el país decida convertirse en un pueblo absolutamente bárbaro.

Mientras tanto, la parálisis institucional se traduce en un drama humano cotidiano que condena a comunidades enteras en los bateyes a vivir en la más absoluta informalidad.

El joven Francis Vinicio relata con frustración cómo, tras graduarse de la escuela con el deseo de ir a la universidad, su vida se detuvo en seco al no poder conseguir un empleo formal porque en cualquier empresa le exigen sus documentos de identidad.

Esta carencia lo obliga a subsistir de "chiripas" (trabajos informales) y a enfrentar el constante acoso policial en las calles, donde por el simple hecho de cómo se ve puede terminar detenido y encerrado durante horas y días en un cuartel.

Esta exclusión sistémica se transmite de forma automática a las nuevas generaciones, creando grandes guetos donde el futuro de los niños se congela por la falta de una identidad jurídica.

Elitania Jean, quien lleva doce años batallando por su cédula bloqueada bajo la orden de "investigar nacionalidad del padre", narra el terror cotidiano de no poder declarar a sus cuatro hijos, lo que impedirá que el mayor de ellos continúe sus estudios hacia la escuela secundaria.

La falta de papeles los fuerza además a huir a los montes a dormir a la intemperie, arriesgando la vida ante picaduras de animales cada vez que se reportan operativos migratorios en su comunidad.

En los bateyes, la falta de opciones empuja a los jóvenes a la asfixia social y limita incluso su acceso a servicios de salud esenciales. Isaías Martes, inscrito forzosamente en el libro de extranjería en Hato Mayor, cuenta que tuvo que abandonar el bachillerato en segundo año para dedicarse a hacer trabajos informales.

Además, recuerda el peligro y las severas dificultades que enfrentó para poder operarse tras sufrir un accidente, debido a la fuerte presencia de agentes de migración en los hospitales y al temor constante de ser deportado a un país que no conoce.

El peligro de empujar a miles de dominicanos de ascendencia haitiana a la inexistencia legal no solo radica en la inminencia de sanciones por parte de organismos internacionales, sino en el resentimiento social que se cultiva al mirar hacia otro lado mientras estas personas crecen privadas de derechos básicos como estudiar o poseer una tarjeta bancaria.

Como concluye el abogado Manuel Dandré, muchos afectados desesperados recurren a tramitar documentos haitianos sin siquiera hablar creole ni haber pisado jamás Haití, atrapados en un limbo donde no tienen identidad ni allá ni acá, mientras el Estado dominicano perpetúa un silencio que carcome la dignidad humana de miles de sus propios hijos.