Santo Domingo. – Tanto el oficialismo como la oposición política continúan jugando al “bueno y al malo” con los temas de mayor sensibilidad social.
En las últimas semanas, el debate sobre la cesantía laboral y la indexación salarial volvió a colocar a ambos bandos en posiciones antagónicas, aunque en el fondo, ambos evitan asumir posturas públicas contrarias al sentir de la población sin que eso, sea necesariamente lo requerido.
Cesantía laboral: la chispa
El más reciente enfrentamiento surgió tras las declaraciones de la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carmen Ligia Barceló, quien propuso establecer un tope a la cesantía laboral, medida que desató una ola de críticas desde la oposición.
Barceló aclaró luego que no pretende eliminar este derecho, sino proteger a las microempresas y emprendedores de cargas que podrían llevarlos a la quiebra.
“En mi provincia tenemos unas 37 mil personas trabajando en la informalidad y solo 4 mil formalizadas. Lo que propongo es un tope, no eliminar la cesantía”, afirmó la legisladora de Hato Mayor.
Su preocupación, dijo, es que las pequeñas empresas puedan seguir generando empleos formales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, restó dramatismo al episodio y aseguró que el PRM aprobará la cesantía “tal y como vino del Senado”.
Describió las críticas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como “especulaciones y cháchara política”.
“Es cierto que una diputada de nuestra bancada pidió revisar el tema, pero esa no es la posición del partido.
Nosotros aprobaremos la cesantía como vino del Senado”, dijo Pacheco, quien insistió en que el proyecto se encuentra en revisión dentro de la Comisión de Trabajo y que en noviembre quedará resuelto.
PLD saca partido político del tema
El Bloque de Diputados del PLD, encabezado por Gustavo Sánchez, aprovechó el ruido generado para asumir el rol de defensor del trabajador.
En rueda de prensa, advirtieron que acudirán al Tribunal Constitucional si se aprueba una reforma que limite el derecho a la cesantía, garantizado en el artículo 62 de la Constitución.
“Limitar la cesantía a seis meses de salario sería un retroceso jurídico y moral. No permitiremos que una reforma disfrazada de modernización debilite los derechos de la clase obrera”, proclamó Sánchez. Acusó a “sectores ocultos del PRM” de querer abaratar los despidos y romper el equilibrio entre capital y trabajo.
Así, mientras el oficialismo intentó bajar el tono del debate, la oposición lo amplificó en clave electoral, apelando a la defensa de derechos adquiridos y colocando el tema en la arena pública.
Indexación salarial: otro capítulo del mismo guion
De forma paralela, la propuesta del senador Omar Fernández de ajustar el salario exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) conforme a la inflación —tal como establece la ley desde 2017— abrió otro frente de discusión.
Fernández recordó que el monto base para el cobro de impuestos permanece congelado desde hace ocho años, pese al aumento sostenido del costo de vida.
Su iniciativa recibió respaldo inmediato de los líderes sindicales Gabriel del Río (CASC) y Pepe Abreu (CNUS), quienes coincidieron en que liberar de impuestos los salarios menores de RD$52,000 aliviaría la carga sobre la clase trabajadora y estimularía el consumo.
“El gobierno debería poner ese dinero en manos del trabajador; de todos modos vuelve al fisco a través de los impuestos al consumo”, razonó Abreu.
Del Río, a su vez, insistió en que el Ejecutivo debe perseguir la evasión y cumplir la ley en lugar de penalizar a quienes menos ganan.
PRM responde: “no nos oponemos, pero hay razones fiscales”
En respuesta, el PRM aclaró que no se opone a la indexación salarial, pero justificó su suspensión desde 2017 en la necesidad de preservar la estabilidad fiscal.
En un comunicado de su Secretaría de Asuntos Económicos, el partido oficial sostuvo que desconocer las razones que llevaron a las anteriores administraciones —incluidas las del PLD— a congelar la indexación “solo sirve como herramienta de política sin contenido”.
“El tema requiere una base aportante más amplia y una empleomanía formal con mejores oportunidades. Eso es lo que hemos estado promoviendo”, indicó la organización, al tiempo que reconoció que la medida podría retomarse si las condiciones fiscales lo permiten.
El patrón se repite
Ambos episodios, aunque distintos en materia y contexto, responden al mismo patrón político: oficialismo que evita el costo social y oposición que capitaliza el descontento.
Lo mismo ocurrió antes con la reforma fiscal, que fue abandonada ante el rechazo generalizado, y en gobiernos pasados con temas como los precios de los combustibles o la reforma al Código Penal.
En el fondo, ni unos ni otros se exponen técnicamente de frente a los debates estructurales.
Mientras tanto, los temas de alto impacto social se discuten a medias, se usan para marcar territorio político y, finalmente, se archivan hasta el próximo ciclo electoral.
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