El proyecto de Ley General de Salarios para el sector público dominicano está en pleno debate, mientras se espera qué ocurrirá en el Congreso Nacional con esta pieza legislativa.
Con la iniciativa se busca poner fin a grandes distorsiones y la falta de equidad en la escala salarial.
Pero con la aprobación de este proyecto no se eliminan todas las distorsiones administrativas, pues la idea es que a igual trabajo haya igual salario, pero también que a mayor trabajo haya mayor retribución.
También se pretende que haya un uso racional de los recursos humanos y, aspiramos muchos, a que el Estado pague a quienes le prestan algún tipo de servicio personal.
Hay que velar también porque, aunque sea de manera administrativa, se regulen los horarios de las oficinas públicas.
En oficinas públicas podemos encontrar horarios extendidos para realizar tareas que con un uso racional del tiempo podrían lograrse en menor tiempo. Corrigiendo esa simpleza el personal tendría más tiempo libre y las instituciones gastarían menos energía, con lo que también se tendría un ahorro.
El empleado trabajando menos horas y con igual salario tendría un incremento en lo que recibe por su tiempo.
También, quizás, contribuiría a que las jornadas laborales de las entidades públicas se diferencien de las privadas o comerciales y por lo tanto menos vehículos saldrían a las calles a la misma hora. Eso ayudaría a mejorar el tránsito.
Es hora de pensar, conjuntamente con la discusión de la ley que disciplinaría la carga salarial del Estado, en otras medidas colaterales. Está comprobado que un reajuste del horario laboral incide de manera sensible en un ahorro de dinero.
Esperemos que el Ministerio de la Administración pública pueda contemplar esta posibilidad.
