Probablemente el actual sea el Gobierno con menos capacidad de maniobra entre los miembros de la Junta Central Electoral de las últimas décadas, pues las fichas que entendía le servirían de puente con el Pleno del organismo salieron con agendas propias.
Difícilmente haya alguien en el Gobierno que articule planes políticos contando con el presidente de la Junta, pues sus santos están en altares más civiles.
Es sabido que desde el despacho de Gustavo Montalvo se apostó a Carmen Imbert Brugal cuando se conformaba ese organismo, pero en la actualidad el brazo político imperante del danilismo no se siente en confianza con ella, aunque el vínculo con su promotor se mantiene.
Ese sector dentro del PLD tampoco tiene relaciones fluidas con Roberto Saladín o Rosario Graciano, por lo que con un Henry Mejía convaleciente, el danilismo vive una especie de “indefensión” dentro de la Junta.
Por lo tanto, habría que ver cómo fundamenta el grupo de Leonel Fernández el planteamiento de que la resolución que prohíbe las actividades de precampaña se trató de una “bellaquería palaciega”.
Hay que recordar que el actual presidente de la JCE siempre ha creído que ese organismo tiene facultad de reglamentar derechos fundamentales mediante resoluciones. Así lo planteó la vez anterior que ocupó esa posición.
En 2017 el Pleno de la JCE hizo un llamado de atención para que se detuviera la “campaña a destiempo”. Como era un simple pedimento, no había nada legal que discutir, pero ahora que lo convierte en resolución, el tema de la legalidad debe salir a flote, pero es difícil que la discusión se mantenga en ese plano, porque ahora ya todo se contamina por la disputa entre peledeístas.
