Contundente respuesta ha dado el pueblo dominicano contra una era que funcionaba bajo el amparo de la impunidad, que no tomaba en cuenta el mínimo criterio para permear todo lo que estaba a su paso en casi 20 años en frente de la conducción del Estado.

 El  gobierno del cambio no puede tener excusas para perseguir los actos de corrupción e institucionalizar el país. Su   práctica debe estar  cónsona  con el discurso de la campaña. El pueblo votó por sus propuestas, con la idea de que tengamos el país que merecemos las grandes mayorías.

El descontento producido durante años con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), llegó a su fin. Pero no fue un hecho fortuito, el contexto en que nos sometió ese partido con la falta de institucionalidad, sobrevaluación (hasta en medio de una pandemia), profundos daños al medio ambiente y una corrupción rampante que desnudaban la decencia nacional.

Luis Abinader y sus aliados no pueden perder de vista el paradigma la democracia y las instituciones públicas, donde prevalezca el manejo pulcro de los recursos y no la administración individual, esa que no toma en cuenta el sentir de los ciudadanos y las necesidades de nuestras comunidades.

 El gobierno del cambio al asumir el poder ejecutivo  debe hacer una  auditoría nacional de todas las instituciones públicas y cada peso malversado por algún funcionario del gobierno peledeísta  debe ser sometido a la justicia que aclamamos los dominicanos.

La tambaleante  democracia nuestra sufrió los casos de la empresa Odebrecht, que compró funcionarios para desarrollar sus actividades de forma ilícita, sin que hasta el momento haya un solo detenido. El gobierno del cambio debe recuperar la dignidad  de un país donde el PLD humilló jueces como Miriam Germán y  periodistas como Marino Zapete. Ese modelo debe ser derrotado para construir ética dentro de la actividad política.