El semanario católico “Camino”, de la arquidiócesis de Santiago, editorializó recientemente su preocupación sobre la falta de implementación de políticas sociales a favor de las personas de la tercera edad, por parte del Estado.

Esta posición es una lamentable y triste realidad, pues, en el país no tenemos una efectiva seguridad social que garantice a los adultos mayores un retiro digno, que les permita pasar sus últimos años con sus necesidades básicas cubiertas, luego de haber concluido su vida productiva.

Este segmento de la población, en su mayoría, vive en un oprobioso estado de necesidad, que les obliga a depender de lo que sus hijos le puedan proporcionar o sostenerse de la caridad pública.

La Ley No.87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, de fecha 9 de mayo del 2001, ha sido un total y absoluto fiasco, por las múltiples dificultades que deben atravesar quienes llegan a los 60 años de edad para obtener una pensión digna, independientemente de todas las vicisitudes que padecen cuando requieren de algún servicio de salud.

Y qué decir de muchos profesionales liberales o de aquellas personas que se dedican a una actividad informal, quienes al llegar a la tercera edad, si tienen algunas relaciones sociales, gremiales, sindicales o políticas, deben suplicar al Poder Ejecutivo que los favorezca con una pensión privilegiada, para poder solventar sus gastos más elementales y perentorios.

El fracaso de nuestra seguridad social queda evidenciado en el hecho de que algunas instituciones del Estado tienen sus propios planes de retiro y de salud, totalmente independiente de lo previsto en la Ley 87-01.

Ha llegado ya el momento en que la clase política del país, se aboque a introducir las reformas que sean necesarias a todo el sistema de seguridad social, para dar respuesta a las necesidades de salud y de pensiones que requieren los adultos mayores, con el fin de que puedan vivir sus últimos años con dignidad.