El informe reciente del FMI sobre la República Dominicana revela las debilidades y consecuencias derivadas del incumplimiento o cuasi rompimiento de un programa con ese gendarme de las finanzas mundiales.
El desempeño económico se ha debilitado…, la implementación de políticas se ha deteriorado…, la posición externa se mantiene vulnerable.
A los pocos días, un destacado amigo economista escribió un artículo, replicado en medios impresos, del cual se puede concluir que el déficit fiscal del presente ejercicio se debe a la subestimación de los efectos financieros del hoyo negro eléctrico, la necesidad de ir eliminando el déficit cuasi fiscal y una inversión pública que, según estimaciones del Gobierno, aumentó en un 106%.
Adicionalmente, existe un consenso colectivo de que los ingresos del Estado, medidos como presión tributaria en relación al PIB, son muy reducidos, no tan solo para satisfacer las demandas de la sociedad, mediante una gestión transparente y austera, sino también en comparación con los ingresos de otros países similares.
¿Entonces, qué hacer?
Fortalecer la administración de la inversión pública, mediante sistemas verificables, sin complicidades ni preferencias, tal cual ha dado muestra el presidente Medina con la disposición de las construcciones de aulas escolares.
Un buen comienzo, aunque persiste el reclamo de auditar obras ya ejecutadas, que muchos estiman construidas con sobrecostos que le tocaría a sus contratistas mostrar lo contario.
Reformar el sistema eléctrico en base a la cancelación de privilegios y abusos, asumiendo el Estado su rol de regulador, siguiendo planes de acción que ya hemos comentado en demasía, como son las distorsiones derivadas del Acuerdo de Madrid, entre muchas otras.
Fortalecer la capacidad recaudadora del Estado, no necesariamente con nuevos impuestos, sino con una administración más eficiente de los actuales.
En fin, entre el FMI, analistas y mis propias conclusiones, hay muchas coincidencias en las tareas por delante.
