Yeni Berenice Reynoso y demás representantes del Mnisterio Público hablan de la Operación Calamar. Jose Francisco
SANTO DOMINGO.-La acusación del Ministerio Público en contra de los implicados en el caso Calamar, tiene como elemento común el tema del financiamiento ilícito para la campaña del PLD entre 2019 y 2020.
El órgano persecutor unifica en un solo expediente, tres ilícitos que habrían generado fondos para la campaña presidencial de Gonzalo Castillo. Son estos, estafas a bancas de lotería, el pago de deuda pública y las expropiaciones de terrenos, actividades que según el Ministerio Público sirvieron para financiar ilegalmente la campaña peledeísta.
La inclusión de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta en el expediente como figuras del financiamiento ilícito de campaña representa algo inédito en República Dominicana, pues aunque el tema suele generar largas peroratas entre la clase política, en el tiempo no se han tenido sanciones penales como se pretende ahora.
Quedará a responsabilidad del Ministerio Público demostrar la culpabilidad de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, quienes no fueron previamente convocados para entrevista y cuya implicación es sustentada por el testimonio de Ramón Jiménez Collie (Mimilo), un conocido de Donald Guerrero desde que este último se desempeñaba como vicepresidente del Baninter en la década de 1990, según el expediente.
Así empezaron
Fue precisamente en una reunión de los dos antes mencionados, en que según el Ministerio Público se empezó a fraguar todo en 2019.
El pago de una deuda del Estado por un contrato de recogida de basura en Santo Domingo Este, fue el punto de partida para obtener los fondos necesarios para impulsar la candidatura de Gonzalo.
Allí se le indicó a Mimilo Jiménez que se estaba realizando una operación financiera con un señor llamado Mervin Fernando Guerrero Mejía (Mervin Oro), quien tiene una casa de empeño y el entonces alcalde Alfredo Martínez (el Cañero).
Esa transacción se concretó pero no era suficiente. Fue cuando surgió el tema de las expropiaciones, según consta en el expediente.
Por servir de intermediario entre el entramado gubernamental dirigido por Donald Guerrero y el no gubernamental operado por Fernando Crisóstomo Herrera, a Mimilo le pagaron 700 millones de pesos los cuales fueron depositados a su cuenta bancaria.
Los involucrados
En tres ministerios y seis direcciones operó, según el Ministerio Público, el entramado criminal ideado para desfalcar al Estado dominicano encabezado por Donald Guerrero. Son estos los ministerios de Hacienda, Obras Públicas y Administrativo de la Presidencia así como Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, la Contraloría General de la República, el Banco de Reservas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
En cada una de estas dependencias el principal encartado tenía operativos y los supuestos canalizadores de los fondos de campaña eran Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, en auxilio del fenecido Emilio Rivas, ex director general de Bienes Nacionales, Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Claudio Silver Peña, exdirector de la Dirección General de Catastro Nacional y Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, ex contralor general de la República.
Otros nombres
— Cómplices
También se cita a Andrés Guerrero, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Princesa Alexandra García Medina, Óscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa, ambos exfuncionarios de Hacienda.
