Un grupo de diputados ha presentado ante el Congreso Nacional un controversial proyecto de ley que persigue el retiro de hasta un 30% por parte de los ahorrantes, de sus cuentas previsionales de ahorro administradas por las llamadas AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones).
Se trata de un proyecto muy similar a otro presentado por legisladores peruanos que de manera unánime proponía el retiro de hasta un 25% y que fue finalmente aprobado por el congreso aunque rechazado por el ejecutivo.
En cambio, el presidente Martín Vizcarra produjo un decreto permitiendo el retiro de tres mil soles (885 dólares). Conjuntamente con esto fue enviado al Congreso un proyecto de reforma integral del sistema de pensiones. Aquí en el país se ha generado un debate con argumentos a favor y en contra en torno a esta situación.
Los diputados dominicanos, al igual que sus pares peruanos, defienden sus mal disimuladas motivaciones políticas y electoreras, con argumentaciones demagógicas que logran conquistar la aprobación y la simpatía de los ahorrantes.
Mientras que los opositores al proyecto, es decir, las mismas AFP, junto a sus “fans” bien ubicados de la opinión publicada, argumentan con cifras “vestidas para la ocasión” la inviabilidad del proyecto.
Pero cuál es la base de esta discusión? Y porque decimos que es un falso debate?
Si como plantean los legisladores, la motivación central de este proyecto es permitir a los ahorrantes el uso de una parte de los fondos para hacerle frente a la crisis generada por la pandemia, resulta casi un fraude el querer lograrlo usando el dinero de los propios trabajadores a sabiendas del efecto depresivo que esto provocaría en las ya muy deprimidas futuras pensiones.
Lo que intenta este falso debate es invisibilizar lo que debería de ser la verdadera discusión: que quienes más tienen, en este caso las AFP, sean quienes más aporten.
Un bono proveniente de un porcentaje de los beneficios rentistas pasados, presentes o futuros, que sería repartido entre los trabajadores más necesitados, sería lo más correcto y justo.
Los sistemas previsionales privatizados, controlados fundamentalmente por el sector financiero, han sido un fracaso generalizado.
En la actualidad, el 60% de los países que han adoptado esta modalidad lo han abandonado y han cambiado a sistemas de reparto públicos en sus diferentes variantes.
En Chile, país donde se instaló por primera vez y bajo la dictadura, las pensiones pagadas a los trabajadores no llegaron a cubrir ni el costo de la canasta familiar. En nuestro país el bajo nivel de la tasa de reemplazo determinará pensiones de hambre para los trabajadores dominicanos al final del camino.
Es a consecuencia de esta dura realidad que los ahorrantes exigen vehementemente la aprobación del mencionado proyecto de ley. “…Si como quiera al final lo que vamos a recibir es una miseria de pensión, mis cuartos yo los quiero ahora”, escuché decir a un trabajador. Y es que ante la desproporcionada brecha entre los beneficios de las AFP y el de los ahorrantes el sistema se ha desprestigiado a los ojos de sus principales accionistas , los ahorrantes.
Llegó la hora, no ya de una reforma (de hecho la pasada finalizó con mayores beneficios para las AFP), sino la de su sustitución por un sistema público de reparto (de hecho el gobierno ya ha absorbido casi el 80% de esos fondos a través de los bonos de hacienda y los certificados del BC, lo que facilitaría enormemente el cambio).
NO + AFP será el nuevo movimiento social que encabezará la lucha popular por una sociedad dominicana más justa y humana.