El Gobierno, en este periodo excepcional, está apelando al imperio de la transparencia y la fiscalización. A todos los niveles.
El Poder Ejecutivo también se muestra sensible a que haya transparencia. Además, que se recurra a la denuncia pública ante el asomo del uso de los recursos del Estado.
El combate a la corrupción, a la inseguridad ciudadana, al narcotráfico y un largo etcétera, articula hoy más que nunca. Articula las acciones de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa, la Dirección de Migración, el Departamento de tráfico ilegal y trata de personas de la Procuraduría General; y dentro de poco se sumarán las acciones que avisó que encaminará la Cámara de Diputados. Amén de otros operativos anunciados por varios gobernadores y gobernadoras de la provincia Santo Domingo y el interior.
Independientemente de las advertencias, los pedidos de supervisión o el apego a los mecanismos de la transparencia, no se puede apostar solo a eso para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, el delito común, la criminalidad, la delincuencia, el lavado, y recientemente el uso y abuso de los recursos del Estado.
La responsabilidad del combate y las acciones disciplinarias contra la corrupción, afortunadamente, corresponde a la Justicia y todas las instancias y organismos del Estado con atribuciones en ese sentido.
La transparencia, desde un punto ético y moral, sirve en un momento. Ayuda a denunciar y se convierte en un muro de contención para muchos excesos. La sociedad, a todo lo largo y ancho de este periodo, debe potenciar al máximo el uso de esta conquista.
