Si a alguien se le ocurre robarte la placa del vehículo, tienes suficiente razón para alarmarte, y no sólo porque podría traerte implicación en algún delito callejero, sino por las vicisitudes que te imponen los mecanismos públicos para recuperarla.
El periplo de una querida amiga luego que unos descarriados le arrancaran su placa- se convirtió en un viaje al Gólgota. El primer problema es la falta de información y la mala pulga de gente que no entiende que el servicio al ciudadano debe ser la vocación central del Estado.
La travesía empieza un domingo en el destacamento policial de Naco, donde un agente con cara de topo te reenvía al Plan Piloto. Allí te espera un oficial en un cuartucho sórdido y te toma la denuncia a regañadientes. Te envía sin disimulo al colmado de al lado para fotocopiar cédula y matrícula.
Tus datos, asentados en una mascota mustia, de rifero de aguante, te permitirán la expedición de una carta -certificación de pérdida. Claro, al día siguiente nadie te librará de dedicar la mitad del lunes para que los químicos examinen tu carro.
La DGII será tu próximo destino, donde te dirán que requieres publicar la pérdida de la placa y llevar el periódico sellado por la empresa editora. Si compraste el vehículo a crédito, tendrás que rogarle al banco para que autorice la emisión de una nueva matrícula. La gestión es personal y usar un mensajero te impondrá emitir un poder que debe ser legalizado en la Procuraduría.
En medio de este vaivén y tus afanes laborales que no debes descuidar, crees que has llegado a un final feliz, pero pronto te das cuenta que la certificación de la Policía se ha vencido. Si no tienes algo de influencia para saltar ese obstáculo, tu condena es empezar de cero.
Todo esto debería realizarse en una ventanilla única, como se ha hecho con el registro de empresas y con las exportaciones. El ciudadano de a pie también necesita un Estado competitivo que le haga sentirse protegido y orientado.
