Raddamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta,
Por: Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo
En declaraciones recientes a los medios de comunicación, el general Jaime Marte Martínez, presidente del Consejo Nacional de Drogas – CND, hace algunas afirmaciones sobre el tema de las drogas con las que no podemos estar de acuerdo. Afirma el presidente del CND, que “quien ha fallado no es el Estado dominicano, sino la sociedad”. Pero la sociedad no es un ente etéreo.
Es un conjunto de instituciones de la cual el Estado es su principal responsable. El Estado, representado por los sucesivos gobiernos, sí le ha fallado a la sociedad dominicana cuando mantiene una política sobre drogas anclada en el pasado, basada en estereotipos, discriminaciones, medidas represivas, prohibiciones selectivas…
Estas son las premisas de una guerra contra las personas, aunque se llame guerra contra las drogas, a las que el Estado dominicano se ha sumado histórica y acríticamente.
Políticas que han sido incapaces de reducir ni la oferta ni la demanda de drogas, pero que inexplicablemente se mantienen.
Dice el general Marte Martínez, de acuerdo a lo publicado en la prensa, que “el problema de las drogas no nace en la calle, ni en el punto donde se vende. Comienza en el hogar y en la paternidad irresponsable, en la butaca vacía y el libro no leído”.
Aunque afirma también que “es un problema complejo que nos retrata por dentro y el resultado de una herida que nunca sana.” Se evidencia un enfoque del problema de las drogas que se contradice cuando habla de la complejidad del fenómeno, pero que simultáneamente sitúa en la familia la génesis de los altos niveles de tráfico y consumo de drogas en nuestra sociedad.
Al parecer se olvida que entre los principales factores que influyen en el crecimiento del fenómeno de las drogas está la disponibilidad de sustancias.
En sus declaraciones el presidente del CND minimiza la red de distribución que constituyen los puntos de drogas, cuya existencia, se ha evidenciado muchas veces, está vinculada con autoridades corrompidas que cobran peajes para permitir y proteger su funcionamiento. Esto también es una terrible falla del Estado.
Estamos de acuerdo con la afirmación del presidente del CND, que “es una batalla que tenemos que enfrentar todos”. Pero eso no se puede hacer si el Estado no tiene una política pública coherente con este planteamiento. El Estado sí le ha fallado a la sociedad cuando abandona a su suerte a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia de prevención y tratamiento.
Estas organizaciones están reclamado apoyo públicamente, ante la dramática situación de precariedades que sufren.
Se han reunido con casi todos los responsables de las instituciones del Estado vinculadas al tema de las drogas, incluido el presidente de la República y el propio presidente del CND, pero las respuestas no acaban de llegar.
En su declaración, el general Marte Martínez, tácitamente defiende las políticas públicas del Estado en materia de drogas, que son las mismas políticas represivas centradas en las sustancias que han aplicado todos los gobiernos anteriores. En estas, las medidas se han concentrado en la persecución y judicialización de los usuarios, particular y selectivamente de comunidades empobrecidas, por sobre las verdaderas estrategias de reducción de demandas: prevención, tratamiento, investigación, formación de profesionales, reducción de riesgos y daños, reinserción social.
Estas son las estrategias que han mostrado ser exitosas en sociedades que han abandonado las fracasadas estrategias que en nuestro país siguen vigentes. Vivir de espalda a esa realidad, sosteniendo una ley 50-88 obsoleta y violatoria de derechos, es la principal falla de los gobiernos que se han sucedido en la administración del Estado, en las tres dimensiones de sus poderes: legislativo, ejecutivo, y judicial.
Apreciamos, sinceramente, los esfuerzos que se hacen desde el CND, con quienes nos unen lazos históricos de colaboración. Pero seguimos esperando un cambio de rumbo, compromiso asumido por el actual gobierno en su propuesta eleccionaria, en la que aseveró que iba a promover “un amplio diálogo nacional para fijar posición sobre el cuestionamiento de las premisas subyacentes del paradigma actual de políticas de fiscalización internacional y la necesidad de enfoques alternativos”.
