El Estado como botín de guerra

Con el surgimiento de los Estados modernos se ha asumido el concepto de que este quedaba determinado como el conjunto de instituciones que ostentan la autoridad y potestad para establecer las normas que normalizan una sociedad, poseyendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. En adición, la idea contemporánea de Estado también le reconoce tres funciones primordiales: la legislativa, la ejecutiva o administrativa y la jurisdiccional.

Pero resulta que, en la actualidad, en los Estados modernos coexisten tres poderes caracterizados entre sí: legislativo, ejecutivo y judicial. Estas tienen correspondencia con la tridivisión de poderes, esto es, cada una de las ramas del poder estatal está instituida para llevar a cabo por regla general una de esas funciones.

En calidad de administrador del Estado, el gobierno ha de respetar el texto constitucional que sostiene el funcionamiento del mismo y sus instituciones, lo que implica la buena pulcritud de su patrimonio de una manera transparente y equitativa para asistir a la población en sus necesidades fundamentales.  En la actualidad existe el consenso a escala global que para modernizar el Estado es una necesidad indeleble robustecer los regímenes democráticos, promoviendo el desarrollo económico y social de las poblaciones.

Aunque ha existido ese reconocimiento para estimular la modernidad y fortalecimiento del Estado, en la región de América latina existen múltiples debilidades estructurales que dificultan una modernización de este. Los principales impedimentos hacia un Estado moderno han sido la fragilidad institucional, ausencia de responsabilidad y la transparencia en el manejo de las cosas pública, así como la figura del nepotismo y los diferentes grados de corrupción.

En la región de América latina el flagelo de la corrupción es un malestar que ha venido perturbando todas las agendas latinoamericanas, fruto del crecimiento exponencial y extraordinario en que esta ha venido evidenciándose desde la década de 1990 hasta la actualidad. Y es que este fenómeno ha sido una sombra que ha ocupando un lugar notorio en las diferentes plataformas y programas políticos; por igual, se ha constituido en un gran obstáculo para la calidad y eficiencia de la democracia como sistema, lo que ha impactado de manera negativa en los niveles de satisfacción con esta.

Los vergonzosos actos de corrupción socavan los principios y valores que le dan sentido a la democracia, esto es, la cultura democrática de los países. Y es que en la sociedad se forjado una pérdida de la confianza en todas las decisiones que toma el gobierno, situacion que limita las trascendencias del ejercicio colectivo, al tiempo que degenera los objetivos y mecanismos inherentes a la democracia.

El malestar de la corrupción ha venido construyendo una dinámica maligna que ha dado origen a un círculo vicioso que ha ido deteriorando la legitimidad política que demanda la democracia, al tiempo que genera un gobierno puramente ineficaz, injusto e inoperante que destruye las aspiraciones de progreso de la población. Se trata que esta descomposición política y social tiene como consecuencia que, en los países de economías emergentes, o en vías de desarrollo, se hayan creado poderosas estructuras que dificultan un funcionamiento adecuado de la democracia, los cuales ayudan a incrementar los niveles de desigualdad.

En la actualidad, en la Republica Dominicana ese malestar descrito se ha venido manifestando en los últimos años en diferentes ámbitos del quehacer publico y privado de una manera inocultable. Tan solo observar la dilapidación de los fondos públicos, arrendamientos de edificios, manejo del sector eléctrico y las obras publicas son algunos escándalos inexcusables que lucen como estructuras instituidas, de tal suerte que se crean instituciones fantasmas para contrarrestarlas, pero que en la practica no pasan de ser fanfarronería ante la incapacidad de desarticularlas las mafias que ven al Estado como un botín de guerra para autoliquidarse financieramente.