Siempre es oportuno reflexionar sobre un aspecto vital para el desarrollo de cualquier sociedad, independientemente, de cuál sea la estructura o el sistema político que prevalezca en la nación.
Se trata de los niveles de educación y formación de la gente que, desde el punto de vista de muchos, es una de las mayores y más visibles debilidades con las que camina República Dominicana en su trayecto hacia el pleno y total despegue socio-económico y moral.
República Dominicana invierte en educación, desde 2013, el 4 % del producto interno bruto (PIB) luego de que ese reclamo se convirtiera en una conquista ciudadana, celebrada como el inicio de una nueva era, no solo para ese sector, sino también para toda la nación.
Pero la verdad es dura, muy dura y doce años más tarde, todavía los datos revelan que más del 70 % de los estudiantes no alcanza los mínimos en lectura, matemáticas y ciencias, como lo ha establecido el último informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA).
La entidad Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) ha sido una permanente voz crítica sobre los resultados que obtiene República Dominicana en sus esfuerzos por mejorar la educación y lo resume en forma puntual, sin medias tintas: “Con más dinero e iguales resultados, la inversión no se traduce en calidad”.
Es sabido que una fuerza laboral sin competencias limita la productividad y la innovación en el mercado laboral, dos aspectos vitales sobre los cuales el país debe sostenerse sí o sí para alcanzar sus propósitos, sobre todo, en momentos en los que aspira a convertirse en el hub del Caribe.
La falta de conocimiento no sólo atrapa a la gente en las redes de la ignorancia, sino también en las de la carencia en la búsqueda de una vida con sentido, en la que accedan a empleos bien remunerados y a herramientas necesarias para ejercer plenamente los derechos que les confiere la democracia.
Según datos globales, República Dominicana se ubica por debajo del promedio regional en pruebas de desempeño académico, lo que limita la capacidad de sus jóvenes para insertarse en un mercado laboral competitivo.
Queda evidenciado en el país que el problema de la educación no es el dinero, sino, esencialmente, la ausencia de una estructura que involucre miradas que vean más allá de las curvas, más allá del momento y más allá de la oportunidad política particular o de los suyos.
Es necesario adoptar decisiones con apego a las estrategias de cambio radical que propicien maestros mejor formados y valorados, programas académicos que permitan enseñar a pensar, a escribir, a reflexionar a escribir a argumentar, a dialogar.
También falta un tercer elemento que siempre debe estar en la línea principal del abordaje de esta temática: la alianza imprescindible entre el Estado, la familia y la comunidad.
La educación deficiente perpetúa ciclos de pobreza, ya que quienes egresan de los centros con escasas competencias enfrentan empleos precarios y de mucho menor movilidad social y quedan condenados a la dependencia que genera el “cheleo” para la subsistencia.
Existen muchos retos, pero, por lo menos, hay muestras de buenas voluntades para enfrentarlos, a juzgar por las actuaciones, declaraciones y compromisos de la mayoría.
No hay nación que pueda despegar mientras su educación esté anclada en la precariedad. El país necesita ciudadanos capaces de leer, escribir y pensar con libertad.
República Dominicana demanda un proyecto educativo que forme ciudadanos críticos, creativos y solidarios.
