Víctor Féliz Solano
La antigua Roma era un vasto terreno, millones y millones de kilómetros cuadrados llenos de riquezas naturales. Es lógico que la inversión pública en una gran proporción se dedicara a esa área.
La actividad agrícola era la mayor considerada a la hora de la inversión de los recursos del pueblo. Esto debido a que una sociedad en crecimiento sostenido y vertiginoso necesitaba alimentos.
La ganadería y la agricultura no sólo eran actividades de campesinos, sino también de personas adineradas que veían en esa actividad económica un negocio próspero y permanente. Las grandes plantaciones y los enormes rebaños fueron los causantes de la esclavitud.
Los dueños de terrenos fuera de la ciudad comían alimentos frescos lejos del bullicio de la ciudad, en donde se comercializaba a cambio de monedas aquellos frutos. Luego vinieron los impuestos, la historia es harta conocida.
La riqueza y la alta densidad poblacional de la Roma antigua, obligó a desarrollar monumentales obras públicas, muchas de ellas las podemos ver aún a pesar de haber pasado miles de años desde su edificación.
Logramos pensar que eran fastuosas e innecesarias, sin embargo, en la naciente sociedad romana no había de nada.
Allí todo comenzó.
En nuestro país lleno de necesidades y en donde existe acumulada una impresionante deuda social, igual hace falta de todo, sin embargo, no tenemos las riquezas como para hacerlas todas a la vez. Los recursos son muy limitados y nuestros gobiernos en los últimos 15 años han recurrido al endeudamiento externo de manera regular para poder acelerar el paso buscando saldar esa deuda acumulada.
La pregunta es: ¿Quién decide cual es la prioridad de estas obras? Además, ¿Quién o cómo se decide el que las construirá?
Los presidentes en los últimos períodos han inventado y hasta puesto en marcha muchísimos modos de enterarse que es lo que la población quiere.
Diálogos Nacionales, encuestas, Consejos de Gobiernos Ampliados, entre otros métodos no menos ingeniosos.
La cuestión es ¿qué elementos punitivos nos brindan en caso de que las cosas no se hagan como se acordó? La ley sobre Compras y Contrataciones Públicas no se respeta en lo absoluto, entonces ¿para que existe? La única solución que vemos es el empoderamiento social y reaccionar ante las pretensiones de los gobiernos en construir obras “innecesarias en el tiempo”, reaccionar por medios de comunicación, con el voto consciente y todo cuanto la democracia nos da como válvula de desahogo.
Es nuestro dinero que usan. El cual nos cuesta cada vez más sacrificio aportar.
*Por Víctor Féliz Solano
