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El efecto de “juegos olímpicos” en el presupuesto de los países

Cuando un país es escogido, o más bien seleccionado, como sede de un evento deportivo, ya sea regional o mundial, se generan repercusiones en diversos aspectos: organizativo, económico, de instalaciones, seguridad, transporte, logística y muchos otros.

Veamos qué sucede desde el punto de vista económico. Cuando se analiza con detenimiento el coste de celebrar unos juegos deportivos en países en desarrollo como el nuestro —sean estos centroamericanos, panamericanos o mundiales (de estos últimos no recuerdo ninguno celebrado aquí)— se observa que alcanzan una magnitud considerable y que no se recuperan con pagos de entradas, derechos de transmisión u otras fuentes como el turismo visitante. Por lo regular, dejan pérdidas significativas.

Tomemos como referencia eventos de alcance mundial y sus resultados. Las Olimpiadas de Beijing 2008 tuvieron un coste estimado de entre 6.800 y 40.000 millones de dólares, en un país donde muchos ciudadanos vivían entonces con menos de un dólar al día. Londres 2012 costó 15.000 millones de dólares; Río de Janeiro 2016, 13.700 millones; Tokio 2020 se estima entre 13.000 y 28.000 millones; y París 2024 alcanzó los 9.774 millones de dólares. Las cifras varían según la infraestructura disponible en el país anfitrión.

(Referencias: World Economic Forum, 29 de julio de 2016; Bloomberg Línea, 7 de agosto de 2024).

Si analizamos los Juegos Panamericanos, encontramos que Río de Janeiro 2007 costó 1.794 millones de dólares, según Diario Libre (20 de junio de 2007). Guadalajara 2011 implicó una inversión pública aproximada de 9.000 millones de pesos, dejando una deuda posterior de 12.000 millones. Toronto 2015 alcanzó los 2.500 millones de dólares, con fuertes inversiones en transporte e infraestructura. Lima 2019 osciló en torno a los 1.200 millones de dólares. Santiago 2023 supuso unos 770 millones de dólares, con énfasis en instalaciones sostenibles.

(Fuentes: Noroeste.com.mx, El Economista, Ciudadmas.com, AS Chile).

La pregunta es: ¿vale la pena realizar inversiones millonarias a largo plazo, destinadas a atender una demanda máxima que solo dura dos semanas y media, especialmente en economías donde luego no se da mantenimiento a las infraestructuras y estas terminan deteriorándose?

Los efectos económicos netos del alto coste de organizar unos juegos, aunque relevantes para el deporte mundial, suelen ser negativos y sus beneficios difíciles de cuantificar. ¿Se justifica emplear dinero de los contribuyentes para financiar estos espectáculos? Solo en casos donde contribuyan a ampliar el comercio, aprovechando la gran visibilidad que generan.

El modelo gravitacional del comercio sostiene que el volumen de transacciones entre dos países depende de la distancia entre ellos y de diversas variables explicativas. Al añadir una variable relacionada con los efectos persistentes de ser sede de estos eventos, se observa un impacto positivo en las exportaciones: el denominado “efecto olímpico”. ¿Por qué aumenta el comercio entre los países anfitriones y el resto del mundo? La explicación radica en la atención internacional y en los procesos de liberalización asociados al evento.

Resulta lógico: al presentar su candidatura, los países asumen compromisos que implican dinamismo económico y apertura comercial. Los costes suelen recaer en los sectores que más se benefician de esta liberalización, lo que finalmente impulsa el turismo y el comercio exterior.

La señal que envía un país al ofrecerse como anfitrión es clara: se está abriendo al mundo. Pero ¿qué ventajas reales obtiene una economía de renta media como la nuestra al asumir este reto? Desde una perspectiva económica, la cuestión es compleja. Los gastos en infraestructura, logística, transporte y seguridad son enormes y pueden resultar abrumadores. Queda por determinar si el sacrificio compensa realmente.

La ventaja de ser sede radica en el deseo de estrechar la integración con la comunidad internacional, proyectando la identidad del país y su riqueza cultural, turística y económica.

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Economista y contador público, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con maestrías en Administración Pública (PUCMM), Manejo Sostenible del Agua (PUCMM), Contabilidad Tributaria (UASD) y Riesgo de Desastres y Gobernanza del Cambio Climático (Universidad Alfonso X el Sa...

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