Santo Domingo.-El director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, decidió abrir formalmente una investigación en torno al contrato firmado por Andy Dauhajre con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), por el que la Fundación Economía y Desarrollo, que dirige el economista, recibió un pago de 11.75 millones de pesos.
Según el actual vicepresidente de la CDEEE, Celso Marranzini, a cambio de ese monto la empresa sólo tiene registro de una presentación de Power point. Sin embargo, Dauhajre afirma que los economistas de la fundación prestaron consultoría a la institución energética del Estado en negociaciones con los agentes económicos del sector eléctrico.
Bonilla afirmó que el documento que entregó el economista se limita a un resumen histórico que contiene la defensa de las actuaciones del señor César Sánchez en esa institución, particularmente el denominado Acuerdo de Madrid y el proceso de re-estatización de las Empresas Distribuidoras del Norte (Edenorte) y del Sur (Edesur) que estaban en manos de Unión Fenosa.
El mismo está planteado supuestamente desde el punto de vista técnico, sin embargo, se presume que fue ordenado por el ex vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, César Sánchez, motivado a los constantes cuestionamientos que se hacían a dichas medidas; por tanto, habría que determinar si fue ordenado con el propósito de utilizarlo luego de su salida de la posición, pues se produjo en el periodo de transición.
El titular del DPCA indica también que los fondos le fueron entregados a Dauhajre el 20 de mayo de 2004, pese a que la presentación de Power point fue entregada en julio de 2004.
El pago total se realizó con anticipación al referido trabajo, mismo que contiene unas supuestas recomendaciones que no podría ejecutar el funcionario que lo ordenó, pues apenas contaba con escasos dos meses para entregar la posición que desempeñaba, puntualizó el director del DPCA.
Por tanto, se requiere abrir una investigación preliminar para determinar si existen elementos que configuren un tipo penal.
En ese sentido, habría que determinar si el pago hecho a favor de la Fundación Economía y Desarrollo está sustentado en documentos legales, pues se presume que es una entidad sin fines de lucro. Además, se precisa verificar el pago impositivo por ese concepto, finalizó el funcionario judicial al referirse al caso.
