El discurso presidencial de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional ha suscitado, como era de esperarse, las más diversas interpretaciones y calificaciones de parte de los sectores políticos, económicos y jurídicos del país.
Esperar que todo el mundo estuviera de acuerdo en que la indicada pieza oratoria fue satisfactoria o mala, sería ingenuo, por no decir insensato.
Lo lógico es admitir que, tratándose de una rendición de cuentas a la que está obligado por la Constitución el Presidente de la República, la comparecencia de éste ante el Poder Legislativo tuvo luces y sombras.
Se expusieron allí los innegables aciertos alcanzados por el Gobierno, pero al mismo tiempo brillaron por su ausencia aquellos temas de no tan feliz término, como la corrupción y otros sobre los cuales el Presidente guardó silencio.
Mención especial merece la puntualización hecha por el Primer Mandatario de la nación en torno al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, aclarando que las leyes migratorias serán aplicadas a quienes, vencidos los plazos ya establecidos, no se acojan a las mismas.
Ya era hora de que categóricamente quedara ratificada, sin lugar a dudas, la voluntad de deportar a los extranjeros que permanezcan de manera ilegal en nuestro territorio, a pesar de todas las facilidades que se les han dado para ponerse al día con sus obligaciones frente a la tierra que los ha acogido.
