El dinero para el Covid-19 se vuelve dolor de cabeza para el Gobierno - El Día

El dinero para el Covid-19 se vuelve dolor de cabeza para el Gobierno

El dinero para el Covid-19 se vuelve dolor de cabeza  para el  Gobierno

Las pruebas PCR no están contempladas en el catálogo de prestaciones de servicios.

Santo Domingo.-Por el momento el Gobierno trata de identificar de dónde sacará más recursos que permitan pagar los servicios de salud demandados por los afiliados, específicamente los pacientes afectados por el Covid-19 dentro del Sistema Dominicano de la Seguridad Social en el régimen contributivo.

También para saldar la creciente deuda producto del uso de los servicios que no están contemplados en el Plan Básico de Salud, el cual aumenta día tras día con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

El tema se encuentra pendiente de discusión en el Gobierno.

Luz verde
En los primeros meses de la pandemia se dio luz verde mediante resoluciones para que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), a través de sus prestadores de servicios (clínicas y laboratorios), garantizaran aquellos servicios que no estaban dentro del Plan Básico de Salud o del Plan de Servicio de Salud para aquellos pacientes a los que les detectaran el virus en el marco de la emergencia nacional.

De acuerdo a datos suministrados por la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) y por las Administradoras de Riesgos de la Salud (Adimars), los servicios de mayor frecuencia fueron las pruebas PCR, ventiladores, unidades de cuidados Intensivos (UCI), el apoyo de diagnósticos específicos, en especial Rayos X de tórax, Tac, medicamentos especializados y atenciones de internamiento para casos complicados.

De igual forma, los elementos de protección personal y cuidado para los especialistas (internistas, intensivistas, neumólogos, infectólogos, perinatólogos y gineco-obstetras).

Dinero agotado
En marzo del pasado año el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), mediante la resolución 01-2020, autorizó que se usaran 14 mil millones de pesos para esos fines, de los cuales 12 mil millones fueron destinados para el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleador (Fase 1) y beneficiar así a los trabajadores formales. Dicha gestión se hizo a través del Ministerio de Hacienda.

Mientras que los dos otros mil millones fueron destinados para diagnósticos a la detección del Covid-19 y fueron transferidos a la Tesorería de la Seguridad Social. Dichas entidades deben rendir un informe sobre el uso de esos recursos a Idoppril.

De esos recursos antes descritos ya no queda nada. El presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, precisó que durante una reunión con el entonces superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, se planteó la propuesta de solicitar 500 millones a la cuenta de la salud de la Seguridad Social (Tesorería de la Seguridad Social), tres mil millones del excedente que tiene Riesgos Laborales (Idoppril) y el resto de los recursos sería del Estado para cubrir las deudas con las ARS y tener un fondo que permita seguir el financiamiento de las pruebas para el diagnóstico del virus.

Cuando se le pregunta al sindicalista si esta situación perjudicaría al afiliado, su respuesta es afirmativa, al tiempo de añadir que “en algún momento terminará el financiamiento”.

Garantía primero
“Habría sido todo una calamidad pública sin el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, ya que no se hubiesen realizado las pruebas PCR, porque los laboratorios solo aceptaron, porque nosotros pagábamos primero y luego recobrar ese dinero a través de la Tesorería de la Seguridad Social”, fue la respuesta de José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) ante la pregunta sobre lo que hubiese ocurrido con la pandemia sin Seguridad Social.

Vargas prosiguió: “esta situación está muy delicada, porque nos adeudan más de cuatro mil millones de pesos y el fondo creado está agotado.

El Gobierno está compelido a buscar una solución urgente a este problema.

Se están haciendo las gestiones y el Consejo Nacional de las Empresas Privadas está ayudando con el tema”.

En principio de la pandemia, describió Vargas, los afiliados no acudían a consultas ni cirugías, pero meses después volvieron a ser demandadas más atenciones por el Covid-19, provocando esto que “al día de hoy hemos asumido la responsabilidad del Estado y nos ha costado más de RD$6,500 millones”.

Vargas destacó que durante el primer año de la pandemia tuvieron que contratar adicionalmente proveedores públicos habilitados por el Ministerio de Salud Pública por causa del Covid-19.

Puntualizó que para dar respuestas a los afiliados de sus asociados (ARS) tuvieron que aumentar la capacidad de conectividad en los hogares de los empleados y adquirir equipos (PC) y audífonos, además proporcionar asesoría sobre nuevas plataformas de comunicación digitales, como Zoom, Microsoft Team, Skype y otras más.

Iguales medidas tuvieron que ejecutar la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y las Administradoras de Riesgos de Salud (Adimar), según explicó su presidenta Alba Joselín Holguín.

“Las mujeres demandaron mayor cantidad de servicios y con mayor frecuencia”, especificó Holguín, aunque aclara que ha sido el comportamiento con o sin pandemia.

Relató que dentro de los cambios que realizaron fueron implementados programas de telemedicina y de autorización para la prescripción digital de medicamentos ambulatorios para facilitar el proceso de dispensación y evitar la presencia física del afiliado en los centros médicos.

Pago por afiliado

—1— Contributivo
La cápita de este régimen en la Seguridad Social es de RD$1,167.81 por afiliado.
—2— Adars
Agrupa las principales aseguradoras que son Primera ARS de Humano, Mapre Salud, Universal, Sigma, Yunén y Monumental.
—3— Adimars
Agrupa a Asemap, Aps, Futuro, Meta Salud, Renacer y GMA.

Diálogo

— Fuera del Plan
Una serie de servicios que no están en el Plan Básico de Salud fueron asumidos por las ARS bajo la premisa de que el Gobierno pagaría por ello. En caso de estos no encontrar una solución será el afiliado quien deberá pagar por esos servicios.



Dayana Acosta

Dayana Acosta

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