
Santo Domingo.-Colocado frente a frente de su mayor desafío gubernamental desde que juró como Presidente de la República Dominicana en la mañana del 16 de agosto del año 2012, Danilo Medina camina sobre el filo de una navaja política cuyo equilibrio dependerá de la capacidad que exhiba respecto a la conciliación de los radicalismos existentes ante la regularización de los extranjeros nacidos en el país, sin violar la Constitución de la República.
El éxito del Jefe del Estado estaría en cómo lograr que el proyecto de Ley Especial de Naturalización que habrá de someter esta misma semana a discusión del Congreso Nacional sea de la “aceptación” de quienes favorecen la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que estableció los lineamientos acerca de la nacionalidad dominicana que consagra la Constitución de la República, y de los que se oponen a la misma.
En un paso considerado de extraordinaria importancia por la opinión pública, Medina dedicó muchas horas de la semana recién concluida para intercambiar ideas con el liderato empresarial, político y religioso acerca de la iniciativa que presentará a consideración del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.
La cuestión resulta inaplazable en vista de que apenas faltan ocho días para la reunión del próximo 8 de abril, a celebrarse en Jacmel, en el sur, del otro lado de la frontera, en la que se continuará el diálogo binacional entre República Dominicana y Haití que ha avanzado en temas como el comercio, la agropecuaria y el medio ambiente. Se estima que el gobierno haitiano aplazaría la conversación si se produce una dilación en la presentación del proyecto de Ley Especial de Naturalización.
La iniciativa
El contenido de la iniciativa que tiene en sus manos el Jefe del Estado pasa por el tamiz de los que han sido denominados “nacionalistas”, que favorecen la sentencia 168-13, y el de los llamados “pro-haitianos” o “socialité”, quienes la critican al considerar que viola los derechos humanos de los nacidos en territorio dominicano de padres procedentes de Haití.
Incluso, se desconoce si se trataría de un proyecto de Ley de Naturalización o de otro de Convalidación de las Actas de Nacimiento expedidas por oficiales del Estado Civil en el país a favor de hijos de haitianos que vinieron al territorio nacional contratados para trabajar en ingenios del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y otras actividades agrícolas de carácter privado.
Justamente es ante ese desafío que se encuentra el presidente Medina, situación que lo coloca frente a la difícil tarea de complacer a las dos partes fundamentales.
Hasta el momento, ha salido bien parado con las consultas al liderato nacional, aunque no ha conseguido muchos compromisos de respaldo concluyentes para cuando la opinión pública comience a socializar el contenido de la iniciativa. La cautela ha sido la tónica, a excepción del categórico apoyo del expresidente Hipólito Mejía, líder de una de las facciones del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
¿Y la Constitución?
Cualquiera que sea el contenido del proyecto de ley, se tendrá que tomar en cuenta que no colida con lo que establece la sentencia del Tribunal Constitucional, debido a que correría el riesgo de ser declarado inconstitucional por parte de ese mismo órgano jurisdiccional.
El Constitucional tiene por misión garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional, y la protección de los derechos fundamentales.
Fue concebido como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad.
En procura de dar cumplimiento a las atribuciones conferidas expresamente por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, el Tribunal Constitucional dicta decisiones que son definitivas e irrevocables, que constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.
El tribunal Constitucional es autónomo de los demás poderes públicos y órganos del Estado y posee autonomía administrativa y presupuestaria.
Liderazgo en juego
Sin lugar a dudas que el presidente Medina, al asumir el tema con tanta vehemencia, ha puesto en juego su liderazgo político nacional y el prestigio gubernamental internacional debido a la repercusión que ha tenido el tema fuera de las fronteras nacionales.
El éxito que pueda lograr en esa difícil empresa dependerá de llevar a un punto céntrico los radicalismos que hasta el momento han mantenido en relación a la nacionalidad que corresponde a los haitianos que han nacido en República Dominicana, pero sin violar la Constitución de la República.