Daniel Ortega desde hace años ha formado parte del eje de gobernantes latinoamericanos que han secuestrado la democracia con prácticas intimidatorias y represivas con sus opositores.
El régimen de Ortega persigue y ataca a la prensa libre, cierra medios periodísticos que no le hacen el coro, destruye a los empresarios que no les son dóciles, hostiga a los partidos opositores y ahora se ha dedicado a apresar a los candidatos que han decidido enfrentarlo en las elecciones que él mismo programa para noviembre con su propio tribunal electoral.
Ese dictador no respeta ninguna libertad fundamental de los nicaragüenses y se aferra al poder de tal manera que quiere que a cualquier costo él y su esposa se mantengan en el poder como Presidente y Vicepresidenta, respectivamente.
La comunidad internacional ha sido muy tolerante con este déspota mientras el pueblo nicaragüense sufre una dictadura igual o peor que aquella de la cual ellos creyeron haberse librado cuando los sandinistas, que hoy gobiernan, derrocaron al dictador Anastasio Somoza.
Los gobiernos democráticos de la región están en la obligación de reclamar la puesta en libertad de los candidatos presidenciales arrestados por razones políticas y tutelar el retorno de Nicaragua a la democracia.
