Una serie de organizaciones de la sociedad civil, aglutinadas en una coalición denominada “Iniciativa para la Institucionalidad Democrática”, le ha planteado, sabiamente, a la oposición que se reincorpore a una mesa del diálogo donde se buscan consensos para producir reformas políticas.
También le ha pedido al oficialismo postergar decisiones importantes, como son la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y el Tribunal Superior Electoral para dar tiempo a que se produzca el buscado consenso.
Por otra parte, el ministro Administrativo de la Presidencia emitió ayer unas declaraciones en las que les pide a la oposición y a esas organizaciones de la sociedad civil que no quieran arrastrar al Poder Ejecutivo a esferas propias del Poder Legislativo.
Los tres puntos de vista planteados van en la dirección correcta, aunque luzcan que se contraponen.
El diálogo político lo escenifican las fuerzas políticas y, por lo tanto, los miembros de esas organizaciones que tienen posiciones electivas recibirán las orientaciones a la hora de tomar decisiones sobre asuntos políticos.
Pero también tiene razón el ministro Administrativo de la Presidencia cuando advierte que se no suplantarán facultades del Congreso Nacional. Hacerlo sería una inaceptable violación a la institucionalidad democrática.
Por eso la búsqueda del consenso para las reformas políticas debe producirse en la mesa del diálogo político a la que ha sido invitada una parte de la sociedad civil.
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