Se pueden realizar grandes esfuerzos para organizar el tránsito, mejorar la circulación y reducir los congestionamientos.
Se pueden instalar semáforos inteligentes, desplegar agentes, cambiar sentidos de vías y anunciar nuevos planes de movilidad. Todo eso ayuda. Pero mientras los ayuntamientos continúen autorizando accesos, construcciones y usos sin evaluar seriamente su impacto sobre el entorno, una parte importante del problema seguirá creciendo.
La movilidad urbana también es una responsabilidad municipal. Cada intersección mal diseñada, cada salida improvisada de una plaza comercial, cada acceso vehicular colocado demasiado cerca de una esquina y cada establecimiento autorizado sin estacionamientos suficientes afectan el funcionamiento de la ciudad. Vistos por separado, parecen pequeños detalles. Juntos construyen el desorden.
Una plaza comercial puede cumplir determinadas exigencias de construcción y, aun así, convertirse en un problema para toda la zona. Basta con que su entrada interfiera con una intersección, que su salida obligue a realizar giros peligrosos o que la cantidad de estacionamientos resulte insuficiente. Cuando eso ocurre, los vehículos terminan ocupando aceras, carriles y espacios públicos. Luego llegan los tapones, los conflictos y las quejas.
El problema no comenzó con los conductores. Comenzó con un permiso que debió ser mejor evaluado. Por eso, cada autorización municipal relacionada con una actividad comercial, residencial o institucional debe incorporar un análisis real de movilidad. No puede limitarse a revisar planos, linderos, densidad o uso de suelo.
También debe considerar cómo entrarán y saldrán los vehículos, dónde se estacionarán, qué ocurrirá durante las horas de mayor flujo y cuánto afectará la actividad a quienes ya viven, trabajan o circulan por el sector. Una decisión aparentemente menor puede alterar por años la dinámica de una calle.
También es necesario revisar los permisos previamente otorgados cuando las condiciones del entorno han cambiado. Hay vías que hace diez años soportaban determinados accesos y hoy están completamente saturadas. Hay negocios que fueron creciendo sin que sus facilidades de estacionamiento aumentaran. Hay edificios, colegios, clínicas y plazas cuya operación diaria desbordó las previsiones originales.
La ciudad cambia, y la gestión municipal tiene que responder a esos cambios. Organizar el tránsito después de creado el problema resulta más costoso y conflictivo. Enviar agentes a una intersección congestionada puede aliviar momentáneamente la situación, pero no corrige un acceso mal ubicado. Colocar conos tampoco sustituye la planificación. Multar vehículos estacionados irregularmente no resuelve la falta de espacios provocada por una autorización deficiente.
La movilidad requiere coordinación entre las autoridades nacionales de tránsito y los gobiernos locales. Cada institución tiene competencias distintas, pero la ciudadanía sufre el resultado como un único problema. A quien permanece atrapado en un tapón poco le importa cuál institución otorgó el permiso o cuál debía fiscalizarlo.
Los ayuntamientos deben asumir con mayor firmeza su papel. Autorizar también implica prever, supervisar y corregir. Un permiso no puede verse como un simple trámite administrativo. Es una decisión que impacta la convivencia, la seguridad vial, el espacio público y la calidad de vida.
El desorden urbano rara vez aparece de golpe. Se va construyendo con excepciones.
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