El Ministerio de Educación, entendemos que con la anuencia del Presidente de la República, suspendió el desayuno escolar como medida extrema ante las aparentes dificultades para garantizar que no se produzcan intoxicaciones entre los niños que lo consumen.
La disposición ha generado un amplio debate debido al alto contenido social de éste programa que forma parte esencial de la lucha contra la pobreza y contra la deserción escolar.
Entendemos que para el Ministerio de Educación se trata de una medida desesperada, quizás evitando males mayores, como la muerte de uno o más alumnos por consumir la ración alimenticia servida en el aula.
Por lo tanto, les atribuimos buena fe a las autoridades de Educación que tomaron una decisión que les ha arrojado un vendaval de críticas.
En tal sentido nos atrevemos a sugerir que se deje claramente establecido que se trata de una suspensión temporal, hasta que se establezcan mecanismos para garantizar la calidad de los alimentos servidos en el desayuno escolar.
Los 18 millones de pesos diarios que dejará de invertir el Gobierno mientras se mantenga la suspensión del citado programa social pueden usarse para diseñar e implementar los controles de calidad adecuados.
Esa medida, acompañada con las sanciones (penales o comerciales, según sea el caso) de los responsables de las intoxicaciones pasadas y de las que pudieran presentarse en el futuro, ayudaría a recobrar la confianza en las autoridades y en el desayuno escolar.
No podemos simplemente cerrar uno de los programas sociales más importantes del país. Hay que hacer lo que se tenga que hacer y sancionar al que haya que sancionar para que el desayuno escolar funcione, y funcione bien.