Más que complacer a actores del sistema político, la Junta Central Electoral tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes.
Si se entiende que alguna legislación es improcedente, lo mandatorio es modificarla o derogarla siguiendo los mecanismos establecidos por nuestra Constitución.
Llama la atención que partidos políticos actúen en desataco de las disposiciones legales y de las resoluciones que en atención al mandato de la ley adopta la Junta Central Electoral.
Partidos en ocasiones actúan como si el cumplimiento de las leyes fuera opcional o según la conveniencia coyuntural.
Esa actitud ha sido alimentada por la pasividad de la JCE frente al desconocimiento franco de las regulaciones de ley.
Las leyes se reputan vigentes a menos que se produzca un fallo del Tribunal Constitucional declarándola contraria a la Carta Magna.
No basta conque alguien o una institución la considere inconstitucional para que se acepte su incumplimiento.
Para enmendar los tollos de las leyes de partido y electoral hay que recurrir al Tribunal Constitucional, como hasta ahora se ha hecho con numerosos artículos de esas legislaciones.
Pero lo que ahora estamos viendo es una actitud de desafío y desacato ante los intentos de la JCE por hacer cumplir las leyes.
La Junta tiene el mandato legal y la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes a menos que de manera expresa el Tribunal Constitucional expresamente la declare insconstitucional.
Es como si se permitiera que alguien dejara de cumplir sus obligaciones tributarias por el simple hecho de que personalmente considere ese tributo inconstitucional.
Nos hemos cansado de advertir sobre los tollos de las leyes Electoral y de Partido, pero la Junta tiene la obligación de actuar apegada a las mismas salvo en los aspectos que el Tribunal Constitucional haya declarado con anterioridad como no conforme con la Constitución.
