Al concebir el derecho como un conjunto de normas que instaura límites de la actuación humana, pero que también interviene en ese mismo sentido para crear la economía normativa, entonces ese es el punto de encuentro entre ambas ramas del saber. Y es que el derecho hace un aporte muy valioso a la economía en lo que concierne a la política económica cuando esta es adoptada por un gobierno, o un Estado, ya que esta se sostiene en un modelo que debe ser aplicado a la realidad con el auxilio del derecho.

Al apelar al pensamiento económico, encontramos que el padre de la economía moderna, Adam Smith, en su obra “la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, observó el papel decisivo de los monopolistas y de los efectos de la intervención del Estado en los sistemas de formación de precios y de políticas proteccionistas.

En tal sentido, Smith partía del razonamiento de que, si un grupo de comerciantes que establecen un nuevo mercado y se concede un monopolio estacional, tal situación se puede justificar bajo los mismos principios sobre los cuales se permite a su forjador la patente por la creación de una artefacto, por lo que ultimaba el cómo la ley se constituye en un incentivo productivo y cómo a partir de un análisis económico, ésta se ha cristalizado posteriormente en una ley.

En el enfoque planteado por Adam Smith se puede establecer la existencia de un vínculo íntimo entre dos ciencias que se relacionan entre sí y que sus instrumentos de actuación resultan aplicables de manera sistemática en ámbitos como: el tributario, laboral, monetaria y financiero, la Ley de Competencia, el gasto público, el régimen económico financiero con jerarquía constitucional, la legislación comercial y el presupuesto público o del Estado. Por igual, existen evidencias prácticas que forman parte del estudio del derecho económico como es el análisis de los mercados explícitos, es decir, la normatividad que regula de forma directa a los diferentes mercados mediante la ejecución de impuestos, o subsidios, con el control de la competencia desleal, tasas de interés, regulación del mercado cambiario y el mercado de capitales.

También existe la disciplina de estudio de la relación entre el derecho y la economía que se ha denominado análisis económico del Derecho, el cual tiene como epicentro de estudio diversas áreas del Derecho y que se analizan bajo los instrumentos y criterios de la economía. En adición, se ponderan los ámbitos de la legislación civil, tales como las sucesiones, los contratos, formas de adquirir dominio, divorcios, la legislación penal y el apego al texto constitucional.

A la luz de la razón y el buen juicio, el análisis económico del derecho se manifiesta en múltiples espacios jurídicos, fundamentalmente, en el ámbito de la microeconomía donde se han desarrollado diferentes teorías que han permitido analizar el comportamiento humano desde la óptica combinada de lo económico y lo jurídico.

Las evidencias empíricas han demostrado que el comportamiento delincuencial, en particular, aquellos que están vinculados a los delitos contra la propiedad, tiene una explicación económica, cuando se bajan los castigos por transgredir la ley, normalmente los actos delictivos se incrementan.

Y es que desde entonces ha surgido la rama de estudio denominada economía del crimen, cuyos fundamentos reposan en el supuesto de que los delincuentes responden a incentivos, positivos y negativos, y que el volumen de delincuentes reales en la población está asociado por la asignación de recursos privados y públicos, la aplicación de la ley y otros medios de prevención del crimen, aunque los tratadistas han llegado a la sesuda conclusión de que no es necesario que todos aquellos que cometen delitos específicos respondan a incentivos, razón por la cual la teoría económica del crimen no excluye, en principio, ninguna categoría o crimen, o ninguna clase de incentivos.