El derecho al olvido: ¿las deudas desaparecen después de cuatro años?

Hemos visto de forma recurrente cómo, en estos días, han surgido muchas preguntas con relación a las deudas de los clientes únicos, ya sean personas físicas o jurídicas, en el sistema financiero, luego de la circular que emitiera la Superintendencia de Bancos.

Estas informaciones suelen tergiversarse en muchas ocasiones debido a que estamos viviendo en la era de las visualizaciones, donde muchos individuos utilizan esas plataformas solamente para buscar adeptos que se mantengan observando su contenido, sin importar si la información es válida.

Es importante destacar que esta circular hace mención del derecho al olvido, que es un mecanismo que permite que las deudas en atraso por más de 48 meses desde su último reporte en mora no se visualicen en la Central de Riesgo.

Debemos poner en relieve que esta circular no guarda relación con una amnistía o eliminación de las deudas en el banco de emisión, sino que permite que las mismas no se visualicen en la Central de Riesgo que se encuentra regulada por la Superintendencia de Bancos.

Esta medida tomada por la Superintendencia de Bancos (SB) excluye directamente a los créditos que se encuentran en proceso de reestructuración y liquidación judicial. Por tanto, todos los demás créditos que cumplen con las condiciones de tiempo no deben aparecer.

Los bancos u oficinas de cobranza donde los clientes tienen las deudas pueden continuar con su proceso de gestión, ya sea porque son los emisores oficiales del compromiso financiero o porque les fue facilitada mediante cesión de crédito.

Esta normativa solo busca permitir que exista un punto intermedio entre la evaluación de los riesgos de los clientes y el derecho que tienen estos de seguir construyendo su vida crediticia sin el impacto que provocan los atrasos en créditos de años anteriores.

Para muchas personas que se encuentran excluidas del sistema por mora, esta medida sería un alivio financiero; pero para las entidades que gestionan carteras de clientes en atraso por más de 48 meses, representaría un reto importante.