
Santo Domingo.– El derecho al aborto avanza y retrocede simultáneamente en América Latina, donde al mismo tiempo que se dan pasos significativos en la conquista de los derechos sexuales y reproductivos, como el reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia despenalizando la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, persiste un obstruccionismo que en la práctica impide que las mujeres puedan ejercerlos a plenitud.
Colombia ha sido el último país de la región en sumarse a la “Ola Verde” que recorre con fuerza Latinoamérica, desde que en diciembre de 2020 Argentina aprobara la ley del aborto y posteriormente la Suprema Corte de Justicia de México, en septiembre de 2021, declarara inconstitucional la criminalización del aborto.
Sin embargo, diversos expertos consultados por Efe ven con preocupación la dificultad para ejercer este derecho en países donde la ley lo regula pero en la práctica es muy difícil garantizar la realización de abortos en condiciones adecuadas.
Esta es la opinión de Catalina Martínez Coral, vocera del Movimiento Causa Justa y directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, para quien en la región todavía persisten “grandes restricciones para las mujeres”.
“Preocupa que existan seis países que conservan una total criminalización del aborto (El Salvador, Honduras, Surinam, Haití, República Dominicana y Nicaragua), países donde adolescentes y niñas no pueden llevar a cabo esta práctica bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando el embarazo pone en riesgo sus vidas o cuando es el resultado de una violación”, denuncia.
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Y esto ocurre en una región en donde, según datos del Instituto Guttmacher, de Nueva York, cada año se practican más de seis millones de abortos, el 60 % de los cuales no son seguros.

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EFE
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