Sammy Sosa fue interrogado en varias ocasiones en relación con la Operación Antipulpo en la etapa preparatoria. nicolás monegro
SANTO DOMINGO.-Los delitos comunes que afectan a la sociedad dominicana son una fuente de preocupación y violencia muy extendida, de procesos judiciales y de acción pública en muchos casos desapercibida; los delitos de cuello blanco, en cambio, concentran la atención en la política y el Ministerio Público porque en medio suele estar el poder ejercido desde diversas áreas del Gobierno.
La Operación Antipulpo, desplegada por la Procuraduría General de la República, ha sido encaminada un paso más en los canales judiciales con la presentación de la acusación contra Juan Alexis Medina Sánchez y otras 26 personas físicas y 22 personas jurídicas.
De estas últimas casi no se habla porque la gente no lo entiende. Es más fácil de comprender la afirmación de que hermanos del entonces presidente Danilo Medina, encabezados por Juan Alexis, defraudaron al Estado —con la colaboración de una red de funcionarios— por una suma que sobrepasa los 4 mil 500 millones de pesos con acciones rastreadas por el Ministerio Público entre 2012 y 2020.
Una acusación de 3,455 páginas depositada ante la justicia el día 17 de diciembre de 2021 intenta documentarla y, de encontrar méritos suficientes, el juez Deiby Timoteo Peguero enviará el año que viene, o en 2023, a muchos de ellos, o a todos, a juicio.
El delito de cuello blanco afecta no solo a las finanzas públicas, también a las corporaciones, y a veces puede darse la conexión entre unos y otros, como en el caso Odebrecht. La particularidad de los que están siendo perseguidos actualmente en el país es que todos tienen su origen en la administración pública.
Salud Pública y OISOE
Según la acusación, empezando la primera administración Medina, para la Semana Santa del año 2013 (Págs. 226—251) el entonces ministro de Salud Freddy Hidalgo, uno de los acusados, declaró de urgencia la compra de medicamentos y material gastable para ser utilizados en el operativo médico Semana Santa 2013.
En la ocasión fueron emitidas 13 órdenes de compra por la suma de RD$49,619,273.17.
¿Y cuál fue la irregularidad? El fraccionamiento de las compras para evadir los procedimientos dispuestos en la ley.
En julio de ese mismo año Salud Pública declaró de urgencia la remodelación o reparación de 56 hospitales por un monto total de RD$$2,961,571,020.31 (2 mil 961 millones 571 mil pesos) sin que hubieran mediado situaciones de caso fortuito, inesperadas, imprevisibles, inmediatas, concretas y probadas, según la acusación del Ministerio Público.
El documento se ocupa entre las páginas 252 y 419 de Francisco Pagán, designado al frente de la OISOE el 3 de agosto de 2015. Estaba en quiebra, de acuerdo con las investigaciones de los fiscales.
Sin embargo, en el año 2016 había pagado en efectivo deudas ascendentes a unos 20 millones de pesos y al salir del puesto en 2021 había adquirido bienes directamente y a través de terceros que no pueden ser justificados.
La trama que el Ministerio Público le atribuye a Pagán en la OISOE para la corrupción, es que conecta con Juan Alexis a través de la empresa Domedical Supply SRL, a la que se le habrían hecho pagos con el concepto de equipamiento de equipos médicos, en el periodo 2017-2020, por la cantidad de RD$2,579,796,157.15 (2 mil 579.8 millones).
Los pagos fueron hechos mediante un poder especial del Poder Ejecutivo del que los investigadores del Ministerio Público dicen que no han encontrado constancia en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
El Ministerio Público asegura que está en condiciones de demostrar maniobras fraudulentas mediante la entrega de conduces emitidos en una fecha diferente hasta de ocho meses en relación con los contratos de las obras.
Sammy y Obras Públicas
El denominado cemento asfáltico, adquirido por el Ministerio de Obras Públicas, es la vía por la que conectan las visitas de Sammy Sosa a la Procuraduría, donde fue interrogado en varias ocasiones por los investigadores liderados por los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
Según Sammy, quería negociar con el Estado para venderle cemento asfáltico (AC-30), pero para conseguirlo tuvo que aliarse con un político que le abrió las puertas de Obras Públicas y el contacto para conseguir un puerto en que se pudieran depositar los embarques. Este aliado fue Juan Alexis, a quien conocía de la campaña electoral que llevó a Danilo Medina a la Presidencia.
Para venderle el AC-30 a Obras Públicas, Sammy tuvo que asociar su empresa, Smart Investments Solutions 21, S.R.L., con General Supply Corporation S.R.L., que fue por donde quedó “enganchado” con Juan Alexis, que al no tener, según los datos del Ministerio Público, facultad legal para entrar en este negocio lo encontró por la vía del expelotero de las Grandes Ligas.
Una de las operaciones que ha llamado la atención del Ministerio Público es la del contrato Núm. 381-2016, que establece el precio de venta del AC-30, pero no el monto total del contrato, “contrario a las disposiciones del artículo 28 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”.
Y agrega: “No obstante, al momento del registro del referido contrato en la Contraloría General de la República, fue inscrito con la suma de veinticinco millones doscientos mil dólares (U$25,200,000.00), desconociéndose el origen de dicho monto”.
Acusación
49.6 Millones de pesos.
El monto de lo adquirido para el operativo médico Semana Santa 2013, enlistado en la acusación Caso Pulpo.
Empresa acusada
— Y los socios
Sammy Sosa no se encuentra entre los acusados del Caso Pulpo, pero una empresa a la que está ligado sí lo está, como es el caso de General Supply Corporation S.R.L, que vendía AC-30 al Ministerio de Obras Públicas.
Algunos de los pagos no le cuadran a la PEPCA
Dudoso. Bajo el subtítulo “Ilegalidades en los pagos del Contrato núm. 381-2016”, Págs. 435 y 436 de la acusación depositada el 17 de diciembre por el Caso Pulpo, el Ministerio Público en lista una serie de pagos realizados entre el 26 de diciembre de 2017 y el 26 de febrero de 2018 por la suma de 617 millones 940 mil 116 pesos a través de la Contraloría y otros a través de Hacienda entre el 24 de diciembre de 2018 y el 10 de septiembre de 2019 por la suma de 449 millones 688 mil 862 pesos, en los que señala varios tipos de irregularidades. Una de ellas (Pág. 440) es que sólo se establece el punto de despacho del AC-30.
