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El deber de enfrentar la corrupción en Senasa

La protección del patrimonio público no admite titubeos, compromisos a medias ni complicidades silenciosas. En un país donde durante décadas se normalizó la impunidad, el gesto de ir de frente contra el fraude que afecta los fondos destinados a la salud de millones de dominicanos marca un punto de inflexión digno de reconocimiento institucional y ciudadano.

La corrupción en Senasa no es un simple desorden administrativo ni un exceso burocrático. Es una traición directa a los sectores más vulnerables, a los trabajadores que aportan cada mes, a los pacientes que requieren medicinas, tratamientos y atenciones médicas de calidad.

El caso amerita una persecución rigurosa que no se limite a apresamientos, sino que culmine en sanciones ejemplares.

Es justo destacar la decisión del presidente Luis Abinader de no sólo reconocer las irregularidades una vez detectadas, sino de ordenar que Senasa se constituya en actor civil para recuperar cada peso sustraído.
Ese paso va mucho más allá de la denuncia penal porque implica voluntad real de reparación al Estado y protección al bien colectivo. La justicia no debe satisfacer únicamente el castigo, sino también la restitución material del daño provocado a la nación.

El Ministerio Público tiene ahora la responsabilidad histórica de conducir una investigación profunda, técnica y transparente, libre de presiones externas o cálculos políticos. En ese sentido, este caso requiere y merece el respaldo absoluto de toda la sociedad.

Enfrentar la corrupción no debilita al Estado, lo fortalece; no afecta la democracia, la dignifica; no pone en riesgo la estabilidad institucional, sino que la consolida sobre la base de la confianza ciudadana.

República Dominicana necesita que este sea otro precedente firme y que el dinero robado regrese al Estado, que los responsables paguen con la ley, y que el mensaje quede grabado para el futuro.
Si este proceso se sostiene con firmeza, se estará cumpliendo con la deuda histórica de demostrar que, en la Administración pública, el dinero del pueblo es sagrado.

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