La discusión sobre el contrato para las máquinas de Rayos X en la inspección de furgones en los puertos del país bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como un cuestionamiento a la necesidad de incrementar la seguridad portuaria.
Los muelles son utilizados por criminales para traer todo tipo de contrabando y por lo tanto hay que acrecentar las medidas de seguridad.
Con el reconocido control de los cielos por parte de las autoridades dominicanas y las medidas que se anuncian en esta misma edición para atacar el narcotráfico por vía marítima, de seguro que los carteles buscarán en los muelles una alternativa para movilizar su mercancía ilegal a los grandes mercados.
Pero también puede haber contrabando de armas, seres humanos y hasta de mercancías legales para evadir impuestos y crear una competencia desleal.
Por tanto, la discusión sobre la instalación de esas máquinas no es sobre la pertinencia en materia de seguridad.
Se trata de cómo se concedió el contrato a sus beneficiarios originales, el costo de su utilización para los exportadores e importadores y si el Estado debe privatizar la seguridad de sus puertos.
La discusión no se puede desviar, porque nuestros puertos requieren estar bien protegidos. No sólo por los peligros de los delitos transnacionales como el narcotráfico o el terrorismo, sino hasta para atacar la competencia desleal que provoca en el comercio local los contrabandos de mercancías.
El debate debe tener como centro buscar lo que más le convenga al país.
