La divulgación de resultados de encuestas y de acusaciones sobre el delito del narcotráfico han matizado el último tramo de la campaña electoral.
A pocos días del proceso del domingo se destapa la acusación de que miembros del Partido Revolucionario Moderno, incluida una candidata a diputada por La Vega, tendrían implicaciones en el negocio de las drogas y del lavado de activos.
Esta estrategia del Partido de la Liberación Dominicana viene desde hace casi dos semanas cuando se hizo referencia a otros dirigentes y aspirantes del PRM que habrían tenido algún nexo con ese negocio y se pedía que la Junta Central Electoral desestimara su inscripción.
Todo el caso se ha manejado como parte de los síntomas de la campaña proselitista, estrategia que no es la primera vez que se utiliza.
Retos de la JCE
La Junta Central Electoral tendrá que emplearse bien a fondo si se producen resultados cerrados, ya sea por la diferencia entre los candidatos o por el margen entre los resultados y la mitad más uno de los votos que tiene como umbral la primera vuelta electoral.
Desde las primarias de octubre pasado la reputación y autoridad moral de la JCE ha sido castigada por actores del proceso, lo cual le dificultará evitar escarceos en caso de resultados cerrados. La Junta se ha empeñado en organizar bien estos comicios y prepararse para escrutinios certeros.
