El Consejo Nacional de Educación, la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) y la Asociación Dominicana de Profesores, son los tres sectores que inciden poderosamente en el día a día de la educación dominicana del sector público, y los tres sectores están de acuerdo en una mejoría de la calidad educativa.
Hay muchas expectativas, planes e innovaciones que se pondrán en ejecución cuando inicie, el mes que viene, un nuevo año escolar. Y como adelanto tenemos que muchos liceos, sino todos, se llevarán de la modalidad tradicional a que funcionen como politécnicos; además, habrá un programa reforzado para que los bachilleres salgan dominando dos lenguas.
Aspiremos a que además incluya un refuerzo de la escritura del español de manera correcta, y que los bachilleres se promuevan al nivel superior sin las consabidas faltas ortográficas que arrastran.
La preocupación por una educación de calidad debe incluir, sin excusa, que se fortalezca la enseñanza de la historia dominicana en las escuelas y colegios del país.
Se trata de una observación y una defensa que debería asumir de manera pública el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, institución que, conjuntamente con la Academia Dominicana de la Historia, tiene autoridad para hacer este tipo de sugerencias al Ministerio de Educación.
Una razón, de manera particular, tiene que ver con el hecho de que un pueblo que no conoce su historia está condenado a cometer los errores del pasado; y el pueblo dominicano, que conquistó a un precio alto su democracia, tiene que seguir trillando los caminos de la libertad plena y el desarrollo.
El pasado del pueblo dominicano está lleno de hombres y mujeres que emprendieron, a una corta edad, hechos heroicos, sin medir consecuencias o peligros.
Muchos, incluso, ofrendaron el mejor tesoro —su vida— en beneficio de la libertad.
De manera que las nuevas generaciones deben conocer el precio que se pagó por la libertad que tenemos hoy. Así sabrán defender el presente y trabajar por un futuro promisorio, y que a la vez contribuya a consolidar las estructuras de un Estado donde haya un respeto pleno e irrestricto a la Constitución y los derechos humanos.
