La administración que encabeza el presidente Luis Abinader quiere adecentar el espionaje a través de una ley. ¿Puede alguien imaginarse una aspiración más complicada? El seguimiento al que viven sometidas las personas es hoy día de tales proporciones que la mayoría, por no decir todos, ha terminado por aceptarlo como se ve pasar un huracán.
La explosión de las comunicaciones apoyadas en tecnologías modernas ha multiplicado la locuacidad de la gente y también ha facilitado la vigilancia.
Espía la Administración, que necesita saber quiénes y de qué manera, están evadiendo sus obligaciones; lo hace el Gobierno directamente a través de un cuerpo especializado con esos fines, al parecer para la seguridad del Estado; lo hacen los cuerpos armados a partir de departamentos especializados y lo hacen particulares que en muchos casos venden servicios a empresas, personas y a los cuerpos armados.
Desde el punto de vista del sentido común, el espía es un sujeto despreciable al que la población le ha encasquetado calificativos como el de chivato, pico chato, soplón y calié, todos bajo el entendido de que quien se encuentra bajo la atención de un buscador subrepticio de información puede terminar sufriendo un daño. Hay de todo en ese mundo, pero también hay profesionales.
La información, no importa la forma utilizada para tenerla, puede ser de una gran utilidad para el Estado, que suele valerse de la vigilancia por razones de seguridad interna y externa, para adelantarse a situaciones complicadas.
Cuando tiene un uso a este nivel, el seguimiento al que es sometido un país, un sector de la población, un grupo, una actividad o una persona, suele ser denominado inteligencia.
Muchas veces, sin embargo, esta información no tiene otra utilidad que la diversión, el chisme, o la maldad, no sólo al nivel particular. Y si una ley es suficiente para poner remedio a estas perversidades, bienvenida sea.
