Frederich E. Bergés
Aunque hay muchos pactos pendientes entre la sociedad y el Estado, en la actualidad la atención nacional está concentrada solo en uno, el Pacto Fiscal.
Este acuerdo fue un compromiso pactado en la Ley 1-12, denominada Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, del 25 de enero del 2012.
Más de doce años han transcurrido sin el cumplimento del mandato de dicha ley, ya que el intento del 2021 no hubiese sido más que un parcho adicional a nuestros esquemas tributarios.
En días muy recientes el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), reunidos en la celebración de su sexagésimo primer aniversario, hizo un llamado al liderazgo social, político y económico en respaldo al inminente pacto fiscal, abogando por un proceso previo de consulta y consenso.
Afirmaron que la implementación de este debe obedecer a un proceso gradual que incluya la calidad, transparencia y eficacia del gasto público, una de las condiciones para su ejecución.
Obviamente para que se logren las condiciones explicitadas por el Conep hay una agenda de medidas, decisiones y correcciones que deben tomarse previamente. La primera es la crisis en la distribución eléctrica y el desafío de un mejor régimen de transmisión.
El tema del fracaso de las distribuidoras eléctricas públicas es bien consabido, analizado y cuyas soluciones solo requieren la voluntad política de romper con el populismo y politización que han dominado esta actividad y que la convirtieron en el hoyo negro de las finanzas públicas.
Hay además otros temas pendientes como el caso del barrilito, pensiones privilegiadas, prebendas y beneficios del Congreso, y otros poderes e instituciones del Estado.
Esto incluye la proliferación de asesores ministeriales, el despilfarro publicitario y en actividades públicas. Además, habría que eliminar instituciones innecesarias o duplicadas, nominas abultadas en empleomanía y sueldos, cuerpo diplomático innecesario, oficinas en el exterior, etc.
Saludamos la exhortación del Conep y estamos seguros de que la voluntad del presidente Abinader está alineada con la misma. Sólo falta hacerse de la legitimidad necesaria para que la sociedad acepte con docilidad lo que está por venir.
