Estamos a poco más de tres semanas para que se cumpla un año de la fecha en que fue publicada la sentencia TC/765/24 mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley 10-15 que reformó al Código Procesal Penal.
En la misma sentencia el Tribunal estableció un plazo de un año para que la nulidad entrara en vigor. Con ello dio tiempo al Congreso y al Poder Ejecutivo para que produjeran la ley que la sustituirá. En caso contrario, volverá a estar en vigencia el Código Procesal Penal sin sus modificaciones.
Tal parece que el plazo podría cumplirse sin que exista dicha ley. Las razones son múltiples, y no son todas atribuibles al Congreso Nacional.
Por ejemplo, la aprobación en el Senado fue accidentada, donde se votó una versión que no se correspondía a lo aprobado por la Comisión de Justicia. Esto fue duramente criticado porque parecía ser un traje a la medida de un Ministerio Público que, al día de hoy, se resiste a respetar las garantías constitucionales del debido proceso y las propias sentencias del Tribunal Constitucional.
Luego de corregido el entuerto por la Comisión y el pleno del Senado, el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados. Allí se hizo evidente que, a pesar del trabajo de los senadores por enderezar el camino, el proyecto de ley sigue siendo una contrarreforma que tiende a hacer entrar en conflicto al Congreso con el Tribunal Constitucional, sin que ninguna de esas dos instituciones sea la beneficiaria.
Por eso han empezado a surgir voces entre los diputados que procuran obtener un plazo de gracia más amplio o, en su defecto, aprobar el mismo texto que la Ley 10-15. El temor es que dejar vencer el plazo podría traer caos a los procesos en curso.
La peor de las opciones sería aprobar el proyecto proveniente del Senado y que luego, como es casi seguro, el Tribunal Constitucional anule partes importantes de éste, devolviéndonos a la misma situación actual. Con el agravante de la incertidumbre creada por la existencia de tres o cuatro versiones sucesivas del Código en un lapso muy breve.
Creo que, visto lo visto, la mejor opción es aprobar un texto idéntico a la Ley 10-15, evitando el vencimiento del plazo y dando espacio a una discusión nacional profunda sobre la reforma procesal penal que todos merecemos.
