Los obispos católicos dominicanos han mostrado su interés en el destino que finalmente tendrá el proyecto de Código Penal, actualmente en manos de los diputados.
Y se interesan con anticipación a lo que sería el destino de este debatido proyecto en caso de que el Congreso Nacional no lo conozca y tome una decisión oportuna, que tendría que producirse antes del día 23 de julio, cuando perimiría, de acuerdo con una comunicación puesta por los prelados en manos de la opinión pública.
Pero por lo visto los diputados no han estado perdiendo el tiempo en relación con el proyecto, que les llegó del Senado.
Según el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, los legisladores comisionados para que rindan un informe acerca de lo recibido desde la Cámara Alta han puesto su cuño sobre el proyecto tal y como lo aprobaron los senadores.
Si es de esta manera, el conflicto alrededor del Código Penal se reduciría a la sanción de los diputados, que no tiene que ser necesariamente una tostada con mantequilla, y a las causales, generadoras de mucho ruido desde las puertas del Congreso Nacional hacia fuera.
Quienes se ocupan de los efectos de las leyes en los cuerpos sociales en que se hacen efectivas, tienden a verlas poco a poco fuera de lugar cuando le han pasado dos décadas de vigencia, ello debido a los cambios que se producen, inevitablemente, en las comunidades.
Ocurre, sin embargo, que el proyecto de Código Penal tiene dos décadas entrando y saliendo de la mano de los legisladores, algunas de ellas camino del Palacio Nacional para su promulgación.
Esta vez, a pesar de la observación de los obispos católicos sobre la amenaza del tiempo, pesa contra este polémico proyecto el proceso electoral en el que se halla inmersa la comunidad política.
