Carlos Salcedo
“Aprovecho para anunciar que en las próximas semanas estaremos enviando al Congreso la propuesta de reforma de esa ley (Código Procesal Penal-CPP).
No puede ser que queramos ser más garantistas que los países nórdicos”, dijo el pasado lunes del presidente Abinader, en ocasión de la reunión semanal de la “Fuerza de Tarea”, en la que el Ministerio Público, Policía Nacional y otras entidades evalúan los índices de criminalidad y a propósito de varios casos de “criminales reincidentes” y que enfrentan hasta tres cargos graves sin prisión preventiva.
Si, como ciertamente las cifras oficiales demuestran una disminución de ciertos delitos, no entiendo la posición presidencial. Es la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos que mandan al Estado a observar las garantías de un debido proceso y la presunción de inocencia, mientras no se haya declarado la culpabilidad por sentencia irrevocable (art. 69.3, Constitución).
Si el problema es la reincidencia, esto constituye una agravante de la responsabilidad penal, por lo que si el Ministerio Público logra una condena contra un “delincuente” reincidente puede obtener la pena máxima prevista.
Además, si ya el artículo 229.6 del Código Procesal Penal (CPP) prevé que, para decidir acerca del peligro de fuga e imponer la medida de coerción, el juez debe tomar en cuenta “la existencia de procesos pendientes o condenas anteriores graves”, entonces no hay que modificar el código.
No es por ausencia normativa que hay sujetos libres con varios procesos “abiertos”. La ineficiencia del sistema judicial no es culpa del CPP que tiene las respuestas para todo tipo de criminalidad. La fiebre no está en la sabana, presidente.
Los jueces se pueden equivocar; pero el Código Procesal Penal es un excelente instrumento para lograr los propósitos de política criminal deseados, al tiempo de guardar en su texto las debidas garantías procesales en juego.
Estas expresiones del presidente, con sincero reconocimiento, concurren con su innegable trabajo en la persecución del delito y en la disminución de la inseguridad ciudadana.
Pero, presidente, usted debe estar por encima de las reacciones y pronunciamientos inmediatistas. Estamos acostumbrados. Siga enfocado en el trabajo que viene realizando, pero no desvíe el cauce de nuestro consagrado constitucionalmente Estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales (art. 7, Constitución).
