La decisión del CMD de ordenar la desafiliación de los médicos de la ARS Universal constituye un irrespeto de los derechos de los afiliados a recibir los servicios de salud en las condiciones y características que establece la Ley 87-01. Se trata de una reiteración de prepotencia e indolencia frente a la necesidad ajena.

Con esta conducta llegan al extremo de negarles los servicios como afiliados y hasta recomendarles que acudan a sus médicos como pacientes sin seguros, pagando de sus bolsillos la atención médica por la que ya cotizaron.

Lejos de respetar sus derechos, los convierten en víctimas inocentes e indefensas de un conflicto contractual con las ARS.
Llama la atención que el CMD se ha opuesto a la Atención Primaria, señalando que la misma elimina la libre elección, y ahora, sin embargo, amenaza a sus propios colegiados a ser sometidos a un consejo disciplinario si no acatan total e incondicionalmente una decisión que ellos no han tomado. ¿Dónde está el derecho constitucional a la libre expresión y al libre ejercicio de su profesión?

Afortunadamente, cada vez más sectores defienden abiertamente que el acceso universal a la salud es un derecho constitucional, esencial, que nada, ni nadie, puede condicionar ni denegar. Y critican abiertamente el afán de lucro desmedido que defiende la cúpula del CMD, así como las frecuentes interrupciones de los servicios públicos y privados.

Para justificar su rechazo absoluto a las ARS, han desarrollado una campaña basada en medias verdades y distorsiones. A pesar del señalamiento de que sólo el CNSS es quien tiene la facultad legal de aprobar los catálogos de los servicios, procedimientos y medicamentos, el CMD insiste en que “las ARS impusieron un catálogo de prestaciones recortado y excluyente”.

Resulta preocupante la marginación del CMD del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), el órgano rector y superior para conocer y dirimir las diferencias entre las ARS y las PSS. Y, muy en especial, porque el CMD es miembro titular, instancia en la cual tiene todo el derecho a presentar sus querellas y propuestas.

Ante tantas medias verdades, exageraciones e imprecisiones, la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) propone que la SISALRIL contrate una firma internacional especializada e independiente, que haga una evaluación objetiva y detallada de las actividades de las ARS, y de sus costos operativos, y emita una recomendación con conclusiones y recomendaciones viables y sostenibles.

*Por Arismendi Díaz Santana