Madrid, España.- El caso de una adolescente dominicana embarazada que falleció de leucemia en 2012 se ha convertido en el símbolo de un movimiento en favor de los derechos de las mujeres en ese país, gracias a iniciativas judiciales y al acompañamiento político y social.
Rosaura Almonte, identificada también como “Esperancita”, murió con dieciséis años de leucemia, enfermedad que le diagnosticaron cuando estaba en su séptima semana de embarazo, pero que no le trataron debido a su estado porque ponía en peligro la vida del feto.
Su madre, Rosa Hernández, acompañada de su abogada, Indiana Jiménez, y la directora legal de la organización Women’s Link Worldwide, Glenys de Jesús Checo, ha visitado Madrid con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos para reunirse con movimientos de mujeres y asociaciones políticas.
En República Dominicana, el aborto “está prohibido en todas las circunstancias, incluyendo para salvar la vida de la madre”, afirma a Efe la representante de la organización que defiende los derechos de mujeres y niñas.
Por eso, añade, lo que persigue este movimiento es la despenalización del aborto en “casos excepcionales».
Según datos proporcionados por la asociación, 2.000 mujeres latinoamericanas mueren de media cada año por abortos inseguros, lo que supone un 12 por ciento de las muertes maternas en la región.
En 2014 el Congreso dominicano aprobó un nuevo Código Penal, donde se incluyeron como excepciones a la penalización del aborto tres supuestos- malformación fetal, salud y violación, después de unas observaciones del presidente del país, Danilo Medina, para que se contemplaran esas circunstancias.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dominicano emitió la semana pasada una sentencia por la que declaraba inconstitucional todo el nuevo Código Penal y regresaba a la versión de 1884, después de que se presentaran tres demandas por parte de organizaciones opuestas al aborto.
“Hemos tenido un fuerte golpe, no lo voy a negar. Estamos movilizándonos nuevamente, apelando a toda la ayuda internacional”, manifiesta la abogada de Rosa Hernández.
De hecho, añade, que este revés “significa un retroceso real de los derechos de las mujeres dominicanas”, como en “la preservación de lo mínimo, que es la salud».
Por su parte, Rosa Hernández destaca el temor de las mujeres dominicanas a quedarse embarazadas porque no saben qué hacer cuando el embarazo “no llega bien”, en referencia a los problemas que pueden surgir cuando el feto viene mal o cuando la madre tiene problemas de salud, como en el caso de su hija.
“Esperancita” acudió al Centro de Salud del Seguro de los Maestros (Semma) con dolor abdominal y fiebres, según su madre- “Ellos (los médicos) sabían que eso (el embarazo) no iba a ningún lado. Me pregunto dónde estaban los derechos humanos de mi hija. Su vida no valía».
Por eso, Women’s Link Worldwide y la organización local Colectiva Mujer y Salud llevaron a cabo varias acciones judiciales contra el Estado dominicano, el hospital y los médicos que trataron a la joven.
En referencia a los pasos que van a seguir después de la sentencia del Tribunal Constitucional, Checo señala que van a “seguir el proceso legal hasta el final». Si la justicia nacional se agotase, la directora legal de la organización añade que “la única vía que queda son las vías internacionales».
“En este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego, si la Comisión lo considera oportuno, enviará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)”, concreta.
El próximo año se celebrarán elecciones generales en República Dominicana, por lo que, según Checo, habrá “toda una modificación del panorama político” lo que llevará al movimiento de mujeres a garantizar que la interrupción del embarazo por las tres causales “esté dentro de la discusión de los partidos y que vuelva al Congreso».
La abogada Indiana López afirma al respecto que, en tiempos electorales, “lamentablemente los derechos humanos son fichas de intercambio a nivel político, de votos».
