La Región del Caribe y en particular, la República Dominicana, se encuentran entre las regiones y países más vulnerables al cambio climático, a pesar de que históricamente contribuyen con menos del $0.5$ % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
De acuerdo al Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea, el $2025$ viene desarrollándose como el año donde se están midiendo las más altas temperaturas promedio mensuales en los últimos $140$ años de registro con que cuenta la humanidad. Esto representa para nuestra región del Caribe y República Dominicana, el calor extremo, las tormentas más frecuentes e intensas, incendios forestales, plantean amenazas urgentes y crecientes para los pequeños estados insulares, las naciones costeras y los territorios que conforman la Región del Caribe.
Dado que el progreso global para abordar el cambio climático sigue siendo demasiado lento, los países caribeños están tomando cartas en el asunto promulgando leyes más sólidas para ayudar a protegerse contra los riesgos climáticos. En una búsqueda rápida, hemos identificamos $78$ leyes climáticas y decretos legalmente vinculantes en $16$ estados del Caribe, así como dos referencias constitucionales al cambio climático y un creciente reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano.
Nuestra experiencia sugiere que, en conjunto, estos avances no solo están mejorando la resiliencia, sino que también posicionan a los estados caribeños como actores influyentes en el panorama climático global y en las negociaciones sobre la materia en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Leyes climáticas caribeñas
La gobernanza climática en el Caribe se ha expandido significativamente en los últimos años. En la última década, países como Cuba y República Dominicana han incorporado obligaciones climáticas y directrices programáticas en sus constituciones nacionales y en sus Estrategias Nacionales de Desarrollo.
Al mismo tiempo, el reconocimiento legislativo del derecho humano a un medio ambiente sano está cobrando impulso en toda la región. Seis naciones caribeñas (Cuba, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica y República Dominicana) ya afirman este derecho en sus constituciones, mientras que $15$ lo han reconocido a través de instrumentos internacionales. Recientemente, se ha observado un aumento notable de marcos jurídicos climáticos sectoriales específicos que van más allá de las leyes ambientales más amplias.
Santa Lucía destaca como el único Estado con una ley marco climática, o una ley nacional integral que describe estrategias climáticas a largo plazo en múltiples ámbitos. Mientras tanto, varios otros gobiernos caribeños han adoptado leyes climáticas específicas que se centran en sectores individuales, como la energía, la migración y la gestión de desastres.
Según nuestra búsqueda y estudio, más de una cuarta parte de la legislación climática de la región (que comprende $21$ leyes y decretos legalmente vinculantes) ahora se centran y enfocan explícitamente en el cambio climático. Lo anteriormente expuesto representa un cambio continuo en el enfoque legislativo, lo que refleja los cambios en la estructura de la legislación climática en una de las regiones más vulnerables al clima del mundo.
Las naciones caribeñas también están impulsando reformas legales para estructurar e institucionalizar el financiamiento climático y los mecanismos de mercado directamente en su legislación nacional, en consonancia con el Artículo $6.2$ del Acuerdo de París. Hay que destacar que la República Dominicana, recientemente se pone a la vanguardia, con la promulgación del Decreto $358-25$ que modifica al Decreto $601-08$ y renombra al Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercados de Carbono, siendo una medida que actualiza la estructura de Gobernanza Climática en nuestro país.
Por ejemplo, Bahamas ha introducido disposiciones para el comercio de créditos de carbono, mientras que Antigua y Barbuda, Barbados y Grenada han establecido mecanismos nacionales de financiamiento climático para apoyar las iniciativas de mitigación y adaptación. Algunos estados, como Belice y San Cristóbal y Nieves, han incorporado organismos regionales como el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe (el brazo técnico climático de la organización intergubernamental de la comunidad caribeña, CARICOM) en sus marcos nacionales. Esto indica una mayor armonización entre la cooperación regional y la legislación nacional.
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Las tendencias clave en este tipo de leyes relacionadas con el clima incluyen la expansión de la gobernanza de la gestión del riesgo de desastres, que aborda la preparación nacional ante fenómenos meteorológicos provocados por el clima o catástrofes relacionadas. Asimismo, el derecho energético es un tema cada vez más destacado, con países como Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas integrando objetivos de energía renovable y eficiencia energética en la gobernanza climática nacional.
Más recientemente, la aprobación de la Ley de Cambio Climático de Santa Lucía en $2024$ marcó un hito en la gobernanza climática, al dar fuerza legal a las obligaciones del país en virtud de la CMNUCC, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, convirtiendo a Santa Lucía en uno de los pocos pequeños estados insulares en incorporar compromisos climáticos globales a su legislación nacional.
Meta en lo jurídico
Desde hace más de $10$ años se ha reconocido la necesidad de que la República Dominicana adopte un marco de políticas, legal e institucional sobre cambio climático que le permita enfrentar las causas y los efectos adversos del cambio climático con mayor eficiencia y eficacia a nivel nacional y dar seguimiento a las negociaciones internacionales.
El último esfuerzo desde la sociedad civil, liderado por Instituto Dominicano de Desarrollo Integral -IDDI- centro el objetivo en superar barreras y obstáculos, aumentar la coordinación intersectorial, interinstitucional e interterritorial y mejorar la capacidad de respuesta institucional a las demandas de los actores de la sociedad civil y el empresariado, mediante el diseño de un marco legal e institucional moderno para la acción climática con una visión verdaderamente transversal en la institucionalidad pública y privada y que facilite la acción climática en el terreno, fue llevado al Congreso Nacional y le preguntamos a los señores legisladores, ¿Qué esperan para aprobarlo?Este artículo fue publicado originalmente en El Día
