Por: Luis Matías, economista.
Existe una figura poco discutida en el debate fiscal dominicano, el buen ciudadano que paga sus impuestos puntualmente, que factura, que no evade, y que, precisamente por eso, se siente con el derecho y la razón de exigir que ese dinero regrese en forma de calles transitables, hospitales funcionales, escuelas de calidad y electricidad estable.
Este "buen contribuyente" no es un actor pasivo del sistema tributario; es, desde la teoría económica, la pieza que sostiene la legitimidad de todo el pacto fiscal. Cuando esa reciprocidad se rompe, no solo se erosiona la confianza en el Estado; se debilita el incentivo mismo a seguir cumpliendo.
La idea de que los impuestos son el precio de la civilización atribuida a Oliver Wendell Holmes tiene una versión más rigurosa en la economía pública. Knut Wicksell, a finales del siglo XIX, planteó que un impuesto solo se justifica plenamente cuando el contribuyente puede reconocer, al menos en términos generales, el beneficio que recibe a cambio. Es el llamado principio del beneficio; pago porque uso, o porque me beneficio de, lo que el Estado provee.
Margaret Levi, más adelante, formalizó esto como una teoría del "intercambio fiscal cuasivoluntario" la ciudadanía cumple con sus obligaciones tributarias no solo por temor a la sanción, sino porque percibe que el Estado cumple su parte del trato y que los demás también contribuyen.
Cuando esa percepción de reciprocidad y equidad se debilita porque el gasto público se ve capturado, porque hay evasión impune, o porque los servicios no mejoran pese al pago, el cumplimiento tributario deja de ser "cuasi-voluntario" y se sostiene únicamente por la fuerza de la fiscalización.
Autores como Benno Torgler y James Alm, plantean como moral tributaria la disposición intrínseca a pagar impuestos que va más allá del cálculo costo-beneficio. Esta moral tributaria depende de variables como la confianza institucional, la percepción de justicia del sistema y la calidad observable de los servicios públicos, la moral tributaria no es un rasgo cultural responde a la experiencia concreta del ciudadano con el Estado.
Un contribuyente que ve baches sin reparar, apagones frecuentes o un sistema de salud pública deficiente, mientras cumple con el ITBIS y el impuesto sobre la renta, experimenta una disonancia como erosión de la moral tributaria. Esa erosión no se traduce necesariamente en evasión abierta, muchos siguen pagando por civismo o por control fiscal, pero sí en un malestar legítimo.
La teoría de los bienes públicos explica por qué ciertos servicios que son responsabilidad del estado les permiten a los ciudadanos usarlos si exclusividad respondiendo a las demandas de la colectividad.
La escuela de la elección pública (Public Choice), asociada a James Buchanan, añade una advertencia importante; los gobiernos no son agentes benevolentes automáticos. Sin mecanismos de control, transparencia y competencia política, el gasto público tiende a desviarse hacia el clientelismo o la ineficiencia burocrática antes que hacia el bien colectivo. De ahí que el buen contribuyente que exige resultados tangibles.
Cuando leemos los diferentes informe y estudios la República Dominicana presenta una paradoja que conviene desagregar con cifras recientes. Según datos de la OCDE y el CIAT recogidos por el CREES, la presión tributaria dominicana se ubicó en 14.3% del PIB en 2023, muy por debajo del promedio latinoamericano de 21.6%, y entre las más bajas de la región.
El Ministerio de Hacienda reportó una cifra más reciente y algo mayor, una presión fiscal de 15.6% del PIB cerrando el 2025, impulsada por un crecimiento de la recaudación por encima de la expansión económica.
Aun con esa mejora, la carga tributaria dominicana sigue estando por debajo del promedio regional. A primera vista, esto sugeriría que el dominicano paga relativamente poco.
Sin embargo, la composición de esa carga cambia la lectura; cerca del 95% de la presión tributaria dominicana proviene exclusivamente de impuestos generales principalmente el ITBIS y el impuesto sobre la renta, frente a un 77% de promedio regional, porque el país apenas tiene aportes a la seguridad social dentro de las cuentas públicas y una base extractiva (minería, hidrocarburos) muy pequeña.
En otras palabras, lo poco que se recauda recae de forma muy concentrada sobre el consumo y los ingresos de empresas y asalariados formales, no sobre una base amplia y diversificada.
A esto se suma un dato clave; la informalidad laboral, aunque en descenso, seguía rondando el 54% de los ocupados al cierre de 2025. Es precisamente el 46% ese segmento formal el que paga ITBIS en cada compra, retenciones en su nómina y declara ante la DGII,el que encarna con más fuerza la figura del "buen contribuyente": un grupo relativamente concentrado que financia proporcionalmente más al Estado y que, en consecuencia, tiene una base legítima para demandar resultados visibles.
Del lado del gasto, el panorama es mixto. El cierre fiscal de 2025 mostró un gasto de capital del 2.6% del PIB. Es una mejoría relativa, pero la brecha entre esa inversión y las expectativas ciudadanas persiste en áreas sensibles: la calidad de la educación pública, la saturación del sistema de salud, la inestabilidad del suministro eléctrico en ciertas zonas y la percepción de opacidad en las compras estatales siguen siendo los puntos donde la teoría del contrato fiscal encuentra su
. Un sistema donde el contribuyente confía en que su aporte se traduce en bienes públicos de calidad reduce los costos de fiscalización, mejora el cumplimiento voluntario y libera recursos que hoy se destinan a perseguir la evasión. Por el contrario, un sistema percibido como injusto o ineficiente empuja hacia la informalidad, la elusión y, en última instancia, hacia una base tributaria cada vez más estrecha que debe compensarse subiendo tasas sobre los mismos contribuyentes cautivos.
Para República Dominicana, esto tiene implicaciones concretas de política: ampliar la base tributaria formalizando la economía informal, fortalecer la transparencia y trazabilidad del gasto público (algo que la facturación electrónica y la digitalización de la DGII ya empiezan a habilitar), y priorizar inversión visible y de calidad en los servicios que más erosionan la moral tributaria cuando fallan: salud, educación y electricidad.
En conclusión, el buen contribuyente dominicano el que paga el ITBIS en cada compra, retiene y declara su renta, y no encuentra en ello motivo de orgullo sino de exigencia, no está pidiendo un favor cuando reclama mejores servicios. Está ejerciendo, sin necesariamente saberlo, un principio central de la economía pública: que la tributación solo es sostenible, eficiente y justa cuando se sostiene sobre un intercambio reconocible entre lo que se aporta y lo que se recibe.
La discusión fiscal dominicana de los próximos años marcada por la necesidad de aumentar la recaudación sin ahogar la formalidad ya lograda dependerá, en buena medida, de qué tan en serio se tome esa reciprocidad como eje de la política pública, y no solo como una aspiración retórica.
