Hay momentos en que una sociedad debe admitir que un problema ha dejado de ser cultural para convertirse en un problema de autoridad. Eso ocurre hoy con las violaciones de tránsito en Santo Domingo, particularmente con la costumbre de estacionarse en paralelo y bloquear las calles interiores de la capital.
Lo que en algún momento pudo considerarse una falta de educación vial, hoy representa una abierta desobediencia a las normas y una demostración cotidiana de que muchos ciudadanos ya no sienten ninguna consecuencia por incumplir la ley.
Se estacionan donde no deben, reducen calles de dos carriles a uno sólo, impiden el paso de vehículos de emergencia, generan interminables tapones y afectan la tranquilidad de miles de personas. Todo ocurre a plena luz del día y, con frecuencia, frente a la mirada indiferente de la propia autoridad.
Durante años hemos escuchado el mismo discurso; educación, conciencia ciudadana y llamados a la convivencia. Nadie puede decir que esos esfuerzos sean innecesarios. La formación cívica siempre será importante. Sin embargo, también debemos reconocer cuándo una estrategia ha dejado de producir resultados.
La evidencia es contundente. Las infracciones aumentan, las calles permanecen ocupadas y el espacio público continúa siendo tratado como si fuera propiedad privada. Mientras tanto, quienes cumplen las normas terminan siendo los más perjudicados. Es la paradoja de las ciudades donde la impunidad termina castigando al ciudadano responsable y premiando al infractor.
Cuando la persuasión agota su capacidad de convencer, al Estado sólo le queda ejercer una de sus funciones esenciales: “Hacer cumplir la ley”. Y en materia de tránsito existe un mecanismo cuya eficacia ha sido demostrada en prácticamente todas las ciudades organizadas del mundo; la coerción financiera.
Nada modifica con mayor rapidez un comportamiento repetitivo que una sanción económica cierta, inmediata e inevitable. No porque las personas teman perder dinero únicamente, sino porque comienzan a comprender que incumplir tiene consecuencias reales. Las multas no son un castigo caprichoso; son un instrumento para proteger el interés colectivo y garantizar que el derecho de uno no termine lesionando el derecho de todos.
Pero imponer multas tampoco basta. La clave está en la certeza de su aplicación. Una sanción elevada que nunca llega vale menos que una sanción moderada aplicada todos los días y sin excepciones. La verdadera fuerza de la autoridad no reside en el monto de la multa, sino en la convicción ciudadana de que quien viole la norma será sancionado, sin importar quién sea.
Aquí aparece el verdadero desafío. El problema ya no es técnico ni legal. Las herramientas existen. La legislación también. Lo que falta es voluntad para ejercer la autoridad con firmeza y asumir el inevitable costo político que ello implica. Siempre habrá quienes protesten cuando comiencen las fiscalizaciones rigurosas. Siempre aparecerán voces calificándolas de excesivas. Sin embargo, ninguna ciudad ha logrado organizar su tránsito pidiendo permiso para aplicar la ley.
Recuperar nuestras calles significa recuperar el respeto por el espacio público. Significa garantizar que una ambulancia pueda pasar, que un residente pueda entrar a su vivienda sin obstáculos y que las vías interiores vuelvan a cumplir la función para la cual fueron construidas. La convivencia urbana también depende del orden.
La pregunta ya no es si debemos aplicar con rigor las sanciones previstas por la ley. La verdadera pregunta es si las autoridades de tránsito están dispuestas a asumir ese compromiso y ejercer, de una vez por todas, la autoridad que la ciudadanía reclama para devolverle la paz, la movilidad y el orden a nuestra ciudad.
