El asalto a la sensatez

Para nadie es un secreto que los peores males de nuestro país están centrados en el clientelismo, la corrupción, la falta de gobernanza, la inequidad económico-social y el patrimonialismo.

Así lo establece un estudio que revela la necesidad de un crecimiento económico más inclusivo en la República Dominicana, llevado a cabo en 2016 por el Grupo Banco Mundial, bajo la tutela del investigador Juan Carlos Parra, economista Sénior de Pobreza y Equidad en esa prestigiosa organización internacional, quien presentó parte del trabajo en un encuentro denominado “Hacia un crecimiento más inclusivo en República Dominicana”, celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El clientelismo tiene un peso específico relevante en el menjurje de entuertos que afectan el desarrollo y que empujan al descontento y escepticismo de amplios estratos sociales, cada vez más separados, por un abismo de apatía e incredulidad, de los actores políticos.

El clientelismo cercena las iniciativas que procuran mayor gobernanza, transparencia e institucionalidad en el país, imponiendo, a ritmo de impunidad, rezagos y remanentes fósiles de autoritarismo, populismo, falso gremialismo y manipulación con promesas hueras, volátiles y discursos vacíos de las verdaderas reivindicaciones colectivas.

El clientelismo es un vaho que asfixia el espíritu democrático de los auténticos intereses de sectores laborales y profesionales, con roles decisivos para el avance de fundamentales e impostergables reivindicaciones sociales.

Tomo por caso la resistencia, mediante recurso judicial de amparo y llamados programados a paros de docencia, de una parte del sindicato mayoritario de maestros, por ante la puesta en vigor de la Ordenanza 24-2017, que en su sesión ordinaria del 22 de noviembre último, fuera aprobada por el Consejo Nacional de Educación, máximo organismo de decisión en materia de política educativa, del cual forman parte los gremios de maestros y técnicos, que encabeza el ministro de Educación, y lo integra un conjunto de entidades del sistema educativo, las iglesias, el empresariado, el estudiantado preuniversitario y la sociedad civil.

La ordenanza contiene, entre otros atributos, dos que considero esenciales. Uno, el ministro, en favor de la transparencia y la institucionalidad, se despoja de un poder discrecional, conferido por la Ley General de Educación 66-97, que le faculta para designar a su antojo los directores distritales y regionales.

Prefiere, en cambio, que una Comisión Nacional, creada por la citada ordenanza e integrada por funcionarios del Minerd, el Ministerio de Trabajo y dos entidades independientes relacionadas al sistema educativo, ejecute un proceso de selección por competencias que culmine con la presentación de ternas al Ministerio de Educación.

Segundo, el proceso de selección por méritos garantizará que las ternas estén compuestas por lo mejor del sistema, en términos de preparación profesional y capacidad de gestión, de manera que la Comisión Nacional recomiende al ministro el más capaz de los tres en cada caso y favorezca respetar esa recomendación.

Este proceso de institucionalidad asestará un golpe mortal al inveterado clientelismo que, como práctica pública, ha operado en perjuicio de la calidad profesional de los directores distritales y regionales del sistema, condenando a la educación a la dictadura de la mediocridad.

En este y en otros tantos órdenes, la sociedad observa con espanto y preocupación cómo, por medio de un vil asalto a la sensatez, la posibilidad de que avancemos en cualquier terreno, especialmente en la educación, se empantana y el horizonte se nubla de fracaso y decepción.

No permitamos el absurdo de que sean los propios maestros los que tiren por la borda la vigencia del 4 % del PIB para mejorar la educación y que retrocedamos en las transformaciones y conquistas educativas que han tenido lugar en los últimos cinco años.