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El arte de la imprudencia

Resulta paradójico, los privilegios a los conductores del transporte de motocicletas en República Dominicana; en ese sentido cabe la interrogante el por qué tanta benevolencia por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre “INTRANT”, frente aquellos que conducen o hacen del ejercicio laboral, la conducción del transporte de motocicletas; y las infracciones que cometen a la vista de todos los ciudadanos.

En muchas ocasiones, los ciudadanos dominicanos que residen en el gran Santo Domingo quedan perplejos, cuando observan o son afectados por motoristas que no tienen el mínimo pudor, en lo que se refiere a los deberes de un ciudadano y el respeto a la ley de tránsito y movilidad.

Pero no queda ahí la sorpresa, si lo analizamos desde el punto de vista del derecho, la Ley Núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial de la República Dominicana del año 2017, ha quedado en letras muertas, frente a un grupo de antisociales que no tienen el mínimo sentido común al respecto del derecho ajeno y la vida de los demás.

Es sorprendente, como en nuestras vías principales del gran Santo Domingo, se comenten atrocidades de infracciones en las vías públicas; la nueva tendencia es no respetar el cambio de luz de semáforos, un grupo de antisociales, que hasta cierto punto diríamos son privilegiados dentro de esta sociedad, a diferencia de la gran mayoría de conductores respetuosos de la ley.

La ley impone la obligación de detenerse cuando la luz esta roja, respetar las líneas amarillas para permitir a los peatones cruzar las calles y avenidas, por el contrario, un grupo de conductores no tienen que seguir dicho lineamiento, tampoco respetar las reglas de movilidad y tránsito, por el contrario, tienen la libertad de realizar cuantas maniobras les surjan de sus pensamientos antisociales.

Aparentemente la regulación establecida en la ley de tránsito y movilidad, sección VII de la Ley 63-17 en sus artículos 75 al 79, impone las reglas de movilidad y transito; no obstante, resulta que ese grupo especial son exonerado de las imposiciones de la ley; lo grande y lamentable resulta, que cuidado de aquellos que conducen un automóvil con placa privada si cometen la indelicadeza de realizar un comportamiento parecido a lo que ese grupo privilegiado realiza a la vista de todo el mundo; pueden estar seguro de que le espera una buena multa; y en muchas ocasiones la cara dura del agente de tránsito.

El legislador no dejo ningún cabo suelto, en la citada ley, todo lo contrario, desglosa de manera clara la responsabilidad y los deberes de los conductores en general; pero a pesar de dicho esfuerzo, no sabemos quién nos va a ayudar a resolver esta situación; o resulta que a nadie le importa lo que está pasando; la mayoría que componen esta sociedad y que tienen compromiso con el desarrollo de este pueblo, se preguntan, ¿A dónde fue a parar la ley? ¿Qué le pasa a la autoridad? oh resulta que no hay interés por parte del gobierno para frenar la imprudencia.

Es totalmente ilógico, que en nuestro país no exista un doliente, que se preocupe y tome carta en el asunto, no es necesario esperar ser afectados por aquellos que conducen de manera temeraria e irresponsable para levantar la voz y llevar a cabo acciones que pongan fin a estas imprudencias e irrespeto al transporte terrestre y a la seguridad vial.

Independientemente, de lo que aparenta ante esta realidad, el legislador estableció, las atribuciones y competencias para combatir este mal, al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre “INTRANT” artículo 75, órgano encargado de regular el tránsito, que a pesar de tener la autoridad y competencia; lamentablemente no la ejerce, y no hay duda del porque este privilegio; parecería que la gran mayoría de los ciudadanos han entendido, que existe un privilegio especial y superior que está por encima del derecho de igualdad, que le permite a ese grupo de antisociales hacer lo que entiendan en las vías públicas.

Ya no es de extrañar, cuando un personaje montado en un motor conduce por la acera, como si se tratara de una via publica, libre para transitar, sin ningún tipo de reparo, esta mala conducta ha llegado a un punto donde ya no existe calle de una via; este grupo no guarda respeto, si la calle es de una o doble via, problema de aquel, que, por descuidado choque, o peor osé de llamarle la atención.

Que privilegios tienen estos ciudadanos que pueden conducir sin placa, sin licencia, sin casco, y con la capacidad de andar con más gente que un camión; hacia donde vamos con estos ejemplos; un país donde todo los días sale en la prensa los logros tanto económicos, como dentro del ámbito del desarrollo turístico, muchas personas con educación y moral se quedan ¡perplejos¡ pensando, y que dirán nuestros visitantes cuando ven acciones tan horrendas como estas; cual el futuro de nuestros niños, que ven todos los dias estas malas conductas.

Dios libre aquellos que tengan la osadía o el infortunio de tener un accidente en contra de estos privilegiados, ¡prepárese¡ porque son un grupo protegido, a tal punto que la posibilidad de caer preso, es aquel que no ha cometido la infracción generadora del daño.

Es lamentable que en pleno siglo XXI nuestra sociedad ande por caminos equivocados y que estas inconductas, es necesario poner atención a este flagelo, no hay otra manera de desarrollar un país sin educación, sin igualdad, y sin respeto al derecho ajeno y a la vida de los demás; es incoherente, e irresponsable por parte la autoridad permitir violaciones de esta magnitud; la imprudencia no se premia, mucho menos se decora, tampoco se le permite privilegio; todos los ciudadanos deben respetar la ley sin ningún tipo de diferencia; cumplir la ley y aplicarla es lo correcto, ignorarla o hacerse el “chivo loco” es una falta de responsabilidad social.

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Eduard Moya

Lic. Eduard L.Moya, presidente fundador de Moya & Asociados abogados consultores desde el 2008, magister en Derecho Civil, Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derecho Administrativo. Docente universitario en Pucmm, Universidad del Caribe y Autónoma de Santo Domingo (UASD).

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