Desde el inicio mismo de la crisis económica mundial EL DÍA planteó la necesidad de que el Gobierno dominicano se abocara a gastar de manera inteligente. No se trata de reducir el gasto público, porque eso retrasaría más la recuperación económica, sino de reenfocarlo hacia áreas reproductivas con un impacto social verdadero.
La Carta de Intención que sirvió de marco al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional da motivos para pensar que se ha decidido corregir algunas distorsiones importantes.
Interpretando el documento se llega a la conclusión de que para el 2010 se aumentará en alrededor de 400 millones de dólares la inversión en educación y salud con relación al año en curso (0.75 pro ciento del Producto Interno Bruto); que se reducirá paulatinamente el porcentaje del Presupuesto que se dedica al pago de salarios (lo cual no implica necesariamente despidos masivos ni mucho menos); que se aumentará el gasto de inversión y que se incorporará a más familias que están en extrema pobreza a los planes de asistencia condicionada (entregarle dinero a cambio de cumplir metas como mandar los niños a las escuelas y vacunarlos).
En fin, las señales vistas así pudieran ser positivas.
El Gobierno contempla mejorar sus ingresos reduciendo la evasión fiscal y estableciendo un cruce de información entre las direcciones de Impuestos Internos y Aduanas para detectar los contrabandos, especialmente en el área de los combustibles. Sin embargo, falta por ver a qué se refieren las autoridades cuando hablan de racionalizar las exenciones y de cómo se reducirá el subsidio eléctrico y mejorará la gestión financiera del sector sin que se les cargue a los usuarios el costo de la ineficiencia de las empresas de generación y comercialización de energía.
Este acuerdo con el FMI podría ser una oportunidad para enderezar entuertos. No la desaprovechemos.
