A pro-life campaigner holds up a model of a 12-week-old embryo during a protest outside the Marie Stopes clinic in Belfast October 18, 2012. The first private clinic offering abortions opened in Northern Ireland on Thursday, making access to abortion much easier for women in both Northern Ireland and the Republic of Ireland. REUTERS/Cathal McNaughton (NORTHERN IRELAND - Tags: HEALTH SOCIETY RELIGION)
Sao Paulo.- Más de medio millón de mujeres abortan cada año de forma clandestina en Brasil, un país que ha vuelto a discutir este problema después de que la brasileña Rebeca Mendes alzara su voz tras verse obligada a viajar a Colombia para interrumpir voluntariamente su embarazo de forma legal.
Madre soltera de dos hijos, Mendes, de 31 años, se ha convertido en la cara pública de la lucha a favor de la despenalización del aborto en Brasil, hoy permitido solamente en casos de violación, si la gestante corre riesgo de vida o cuando el feto presenta anencefalia.
“Me quedé embarazada en noviembre y cuando lo descubrí me perturbó. Busqué a mi ginecólogo para cambiar mi método anticonceptivo y si el sistema público de salud me hubiera atendido a tiempo, no hubiera pasado por esto. Esa fue la primera vez que el Estado me falló”, cuenta a Efe Mendes.
Tras descubrir que estaba embarazada, la brasileña entró con un pedido ante el Tribunal Supremo para poder abortar de forma legal en Brasil, pero la solicitud no fue analizada y fue entonces cuando decidió viajar a Colombia, donde interrumpió su embarazo de manera “segura, legal y digna” al argumentar riesgo para su salud mental.
Desde 2006 la Corte Constitucional de Colombia permite el aborto en tres situaciones- cuando pone en riesgo la salud física y mental de la mujer, en caso de violación o incesto o cuando hay una malformación incompatible con la vida fuera del útero.
“Yo hoy puedo contar que fui tratada con dignidad y contar que puede que un aborto no sea traumatizante para la mujer. Lo que es traumático no es el procedimiento per se, sino la ilegalidad”, sostiene.
El caso de Rebeca llevó al Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y el Instituto Anis a presentar una acción ante el Supremo brasileño, que este mes convocó a expertos y organizaciones para un debate público en pleno año electoral sobre la despenalización del aborto hasta la décimo segunda semana de gestación.
Alrededor de 503.000 mujeres entre 18 y 40 años interrumpieron forzosamente sus embarazos en 2015, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Anis, referencia global en el estudio de los derechos reproductivos femeninos, aunque algunas organizaciones estiman que las cifras podrían sobrepasar el millón.
No obstante, la gran mayoría de los brasileños (un 59 %) se opone a cambios en la legislación para facilitar el aborto en Brasil, mientras que el 58 % considera que la mujer tiene que ser sancionada y hasta conducida a prisión si comete una interrupción voluntaria, según una encuesta publicada el miércoles.
“Si todas las mujeres que hicieron un aborto estuvieran encarceladas, Brasil tendría 4.700.000 mujeres prisioneras”, afirma la antropóloga y coordinadora del Instituto Anis, Débora Diniz, quien presentó sus argumentos a favor de la despenalización del aborto ante el Supremo.
Según la investigadora, la mitad de las mujeres que se ha sometido un aborto ilegal lo hace a través de medicamentos adquiridos en internet o en el mercado negro, como es el caso de la enfermera Lucía L., de 32 años.
Moradora de una desfavorecida comunidad en el litoral de Sao Paulo, Lucía, cuya identidad fue preservada, revela a Efe que compró por 500 reales (unos 125 dólares) dos pastillas abortivas de un vendedor no autorizado.
Tras el uso del medicamento, tuvo que ser ingresada en un hospital debido a una fuerte hemorragia, donde quedó ingresada más de 24 horas.
“Hoy estoy segura de que fue un gran riesgo y que podría haber muerto”, pero el “Estado y la sociedad tienen que entender que no es porque existe una ley en contra que las mujeres dejarán de abortar”, señala.
Lucía es una de las 250.000 mujeres que tuvieron que ser ingresadas en hospitales tras practicar un aborto clandestino en 2015.
En su discurso ante la Suprema Corte, Diniz señaló que quien enfrenta mayores riesgos con este tipo de abortos son las mujeres “más jóvenes, más pobres, negras y oriundas de zonas menos favorecidas” del país.
No obstante, a pesar de su prohibición, las principales ciudades brasileñas cuentan con clínicas que realizan el procedimiento a cambio de elevadas sumas de dinero inaccesibles para los más pobres, que suelen oscilar entre los 5.000 y los 10.000 reales (entre 1.250 y 2.500 dólares).
Sonia B., investigadora de una prestigiada universidad del país, recurrió a un centro ilegal para interrumpir su embarazo quirúrgicamente que le costó el sueldo de un mes. “Me acuerdo hasta hoy del agobio de las semanas previas.
Fue una angustia primero por el embarazo, después por la dificultad del proceso. Para mí, el acceso no fue tan simple pero yo no era absolutamente pobre y pude pagarlo”, recalca Sonia.
En su opinión, las mujeres en esa situación tienen miedo no por el procedimiento en sí, sino “por el tema de la clandestinidad” y de lo que “puede suceder».
