El actual gobierno se ha caracterizado por ser el que más dinero ha manejado en toda la historia de República Dominicana, pero paradójicamente es también el de más baja inversión en infraestructura.
Esta realidad, lejos de ser un simple dato económico, encierra una gran incongruencia que afecta directamente la vida de millones de dominicanos.
Cuando hablamos de infraestructura no sólo nos referimos a grandes autopistas o majestuosos edificios estatales; hablamos de calles asfaltadas en los barrios, de drenajes pluviales que eviten inundaciones, de mercados en condiciones dignas, de cementerios funcionales y de parques donde las familias puedan respirar un poco de aire fresco. Y es precisamente ahí donde el déficit se siente con más fuerza: en la vida cotidiana de la gente.
Los gobiernos locales han sido los más castigados en este panorama. Los ayuntamientos continúan recibiendo apenas un 2.6 % del Presupuesto Nacional, a pesar de que la Ley 166-03 establece de manera clara que les corresponde el 10 %.
Este incumplimiento histórico se ha agudizado en una gestión que, aunque maneja más recursos que ninguna otra, sigue relegando a los municipios a un papel secundario.
El caso del Gran Santo Domingo es el más evidente.
Esta región genera más del 40 % del producto interno bruto (PIB) nacional, siendo el verdadero motor económico del país.
Sin embargo, los municipios que lo componen sufren de abandono en aspectos esenciales de infraestructura.
Es una paradoja dolorosa; los que más aportan a la economía nacional son, a la vez, los que más padecen por falta de inversión pública.
El Distrito Nacional, por ejemplo, concentra las principales instituciones del Estado y el corazón financiero de la República. Pero basta recorrer sus calles para notar el deterioro, la faltan muchos más espacios públicos de calidad y un drenaje pluvial que colapsa cada vez que llueve. ¿Cómo puede sostener la capital del país el peso económico y político de la nación sin recibir un trato prioritario en materia de inversión? La alcaldía sencillamente no puede sola.
Santo Domingo Este no se queda atrás en este drama. Es uno de los municipios de mayor crecimiento poblacional y territorial, con enormes retos en movilidad, servicios básicos y ordenamiento urbano. Su desarrollo demanda intervenciones serias y sostenidas, no paños tibios ni obras inconclusas que no cambian la realidad de sus comunidades.
Santo Domingo Norte, por su parte, sigue siendo un municipio marginado. Sus barrios carecen de infraestructuras elementales y su población sufre las consecuencias de un modelo que concentra riquezas en el centro, mientras la periferia acumula carencias.
La gran incongruencia además de económica; es también social y política. Si el Gran Santo Domingo produce más del 40 % del PIB, es lógico y justo que reciba un retorno proporcional en inversión. No se trata de un privilegio, sino de un principio básico de equidad territorial.
Negarles a los municipios lo que les corresponde es condenar a millones de personas a vivir en condiciones de rezago, aun cuando son ellos quienes sostienen la riqueza nacional.
Es momento de replantear las prioridades. No basta con exhibir cifras de crecimiento macroeconómico mientras la gente tropieza con aceras rotas, vive con miedo a las inundaciones o carece de espacios dignos para convivir.
La verdadera medida del progreso está en la calidad de vida de la ciudadanía, y esa se construye con inversión pública de cercanía, de la que se encarga cada ayuntamiento.
Los gobiernos locales deben ser fortalecidos, no debilitados. Cumplir con la ley del 10 % de transferencia es una deuda histórica, pero también una oportunidad de transformar nuestras ciudades y municipios.
